Regresión en los derechos de la mujer

El Supremo de EEUU avala el golpe más duro al derecho al aborto en el país

  • El Alto Tribunal ha dado luz verde a la entrada en vigor de una ley de Texas que es la más restrictiva del país

  • La norma, que prohíbe abortos tras 6 semanas de gestación, convierte a ciudadanos en vigilantes y 'cazarrecompensas'

Manifestantes protestan en Tejas por la decisión que prohíbe el aborto

Manifestantes protestan en Tejas por la decisión que prohíbe el aborto / Sergio Flores (AFP)

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Idoya Noain
Idoya Noain

Periodista

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Las mujeres en Texas viven desde este miércoles en un mundo con sus derechos reducidos y un escalofrío de indignación y miedo sacude en Estados Unidos a todos quienes luchan en el país por los derechos reproductivos y temen y auguran una regresión. La ley S.B. 8, la normativa de aborto más restrictiva de todo el país y que prácticamente equivale a una prohibición total, ha entrado en vigor y el Tribunal Supremo de mayoría conservadora, menos de 24 horas después, ha avalado con un voto 5-4 que la norma siga aplicándose, una decisión que ha disparado aún más los temores de un retroceso de décadas.

La S.B. 8, aprobada en mayo y firmada por el gobernador republicano Greg Abbott, prohíbe prácticamente cualquier interrupción del embarazo desde que se detecta el latido del feto, normalmente sobre las seis semanas de gestación, cuando la mayoría de las mujeres embarazadas ni siquiera saben que lo están. No hay excepciones para violaciones o incesto.

La ley, además, permite que cualquier ciudadano (ni siquiera tiene que ser de Texas) pueda demandar al proveedor médico que haya practicado el aborto, así como contra cualquier individuo que pueda haber “ayudado o sido cómplice” de la mujer que se somete al aborto, lo que puede ser desde quien le lleve en coche a una clínica, quien le ayude económicamente, quien le de asesoría o quien simplemente realice algún trámite, sean familiares y amigos, profesionales o desconocidos.

Esos ciudadanos convertidos en “vigilantes” tienen, además, un incentivo económico para plantear las demandas pues si acaban ganándolas pueden ser compensados con un mínimo de 10.000 dólares, lo que ha llevado a críticos a hablar de que la ley crea “cazadores de recompensas”.

Con su entrada en vigor se rompe la protección garantizada por Roe v. Wade, la sentencia del Supremo que en 1973 estableció en EEUU el derecho al aborto. Se rompen también los precedentes que hasta ahora han impedido a los estados prohibir los abortos antes de que los fetos sean “viables”, el momento en que existe posibilidad razonable de supervivencia continua fuera del útero, que se estima entre 22 y 24 semanas.

La decisión del Supremo

El martes el Supremo, que en su próximo curso que arranca en octubre estudiará un caso sobre otra ley regresiva de Misisipí que prohíbe los abortos tras 15 semanas, no actuó ante una apelación de emergencia que intentaba frenar la ley. Poco antes de la medianoche del miércoles, no obstante, ha emitido finalmente una decisión en la que se niega a bloquear la ley. Cinco jueces de la mayoría conservadora alegan para hacerlo que los demandantes que habían planteado la apelación no han demostrado su caso y aseguran que no están entrando en la constitucionalidad de la norma.

Solo uno de los seis jueces conservadores, el presidente John Roberts, ha votado en contra junto a los tres jueces progresistas. En una opinión de disenso Roberts ha asegurado que la ley texana "no es solo inusual sino sin precedentes", y ha afirmado que la delegación en los ciudadanos de aplicar la prohibición parece diseñada para "aislar al estado de responsabilidad".

Más dura aún ha sido la voz de los tres jueces progresistas en la opinión de disentimiento escrita por la jueza Sonia Sotomayor, en la que tildan la decisión de "increíble" y aseguran que la mayoría de jueces conservadores "han optado por enterrar sus cabezas en la tierra" al dar luz verde a una ley "flagrantemente inconstitucional diseñada para prohibir a las mujeres que ejerzan sus derechos constitucionales y evadir el escrutinio judicial".

Vigilantes y "cazarrecompensas"

Ya antes de la decisión del Supremo el presidente, Joe Biden, había sido uno de los que había alzado la voz este miércoles para denunciar en un comunicado como “extrema” y una “violación flagrante del derecho constitucional” la ley, que ha conseguido lo que no habían logrado hasta ahora otras embestidas de republicanos contra el aborto, intensificadas desde que Donald Trump inclinó definitivamente la balanza de poder en el Supremo del lado conservador con el nombramiento de tres jueces que elevaron su mayoría a seis frente a tres progresistas.

Al dejar en manos de ciudadanos la denuncia de quienes realicen abortos o quienes ayuden a las mujeres, algo que Biden ha calificado en su comunicado de “inaceptable”, los legisladores tejanos dieron una dantesca vuelta de tuerca que ha sido la que ha hasta ahora ha blindado la ley de Texas en los tribunales. Habitualmente otras leyes se han frenado antes de que entraran en vigor con recursos y apelaciones en los que se demandaba a cargos oficiales para evitar que las aplicaran, pero es difícil recurrir contra demandas que aún no se han producido y que podrían llegar de cualquier estadounidense.

Pobres y minorías, castigadas 

Aunque la batalla legal sigue abierta desde este miércoles son visibles los efectos de una ley que, según los datos, afectará a entre el 85 y el 90% de las mujeres que interrumpen sus embarazos en Texas, y castiga sobre todo a las de bajos recursos y minorías, las que menos posibilidades tendrán de viajar a otros estados si deciden abortar, algo que ha denunciado también la vicepresidenta Kamala Harris.

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El estado sureño, el mismo donde los conservadores y cargos y legisladores republicanos se oponen a mandatos de vacunación o uso de máscaras para combatir la pandemia de coronavirus apelando a libertades individuales, ya aplicaba algunas de las normas más restrictivas de aborto de EEUU, incluyendo el veto a la mayoría de abortos tras 20 semanas de gestación, la imposición de someterse a un sonograma 24 horas antes de la intervención o la prohibición del uso de seguros públicos o privados.