Amnistía Internacional denuncia al menos 10 desapariciones forzosas en Nicaragua

En una investigación que culminó a principios de este mes y que Amnistía Internacional (AI) comparte este miércoles, la organización denuncia la desaparición forzosa de al menos 10 personas entre las que hay periodistas, activistas y opositores al régimen de Daniel Ortega.

Las desapariciones estudiadas por AI son las de Daysi Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez. Sin embargo, estas no son las únicas que se han producido desde que, a finales de mayo, el presidente Ortega aumentara la represión contra sus oponentes. El conocido periodista Carlos Chamorro, exiliado por la presión del régimen, ha denunciado que su hermano Pedro Chamorro B. lleva 60 días secuestrado. Precisamente este martes, la Fiscalía de Nicaragua ha acusado al director de Esta Semana y Confidencial por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva en otro intento por callar a una de las voces más críticas con l Gobierno.

Estas desapariciones suponen un paso más en la estrategia de Ortega para volver a hacerse con el poder en las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre. En lo que va de año, el presidente ha detenido a ocho de sus oponentes electorales así como a numerosos opositores y activistas. "El Gobierno de Daniel Ortega implementa una nueva estrategia para intentar acallar a quienes alzan la voz. Al desaparecer a opositores, activistas y periodistas, Ortega muestra el temor que le tiene a la crítica y a la denuncia", asegura Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Violación de los derechos humanos

AI sostiene que "la desaparición forzada es un crimen de derecho internacional" y que se trata de "una de las más graves violaciones a los derechos humanos". Estas desapariciones implican "la violación de un conjunto de derechos humanos" entre los que se encuentran la privación de libertad o la negativa a reconocer si se ha producido o no la detención o la negativa a informar sobre el paradero de los detenidos.

Pese a que los familiares de los desaparecidos han solicitado en numerosas ocasiones información sobre su paradero, el Estado nicaragüense no ha ofrecido ningún dato al respecto más allá de que están bajo su custodia. Según la investigación "la única información recibida sobre la posible ubicación ha sido brindada debido a la insistencia de los familiares, de manera verbal y por agentes policiales que se encuentran en la portería de la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Policial Evaristo Vásquez (DAJ)", donde las familias sospechan que pueden estar detenidos.

La legislación del país señala que los detenidos tienen derecho a "comunicarse con un familiar o abogado de su elección o asociación de asesoría jurídica, para informar sobre su detención, dentro de las primeras tres horas", algo que no les ha sido permitido, incumpliendo el Estado su propia ley. Asimismo, AI indica que cualquier detenido debe compadecer ante un tribunal de justicia ordinaria, algo que no ha ocurrido.

El drama de las familias

Este hecho no solo es un problema para los propios detenidos, AI señala que también "causa impactos directos en el núcleo familiar de la persona desaparecida". Familiares y personas cercanas sostienen que es una "angustia" el no saber dónde están sus seres queridos. Es el caso de la hija de Tinoco, uno de los desaparecidos, que tiene un cáncer muy avanzado. "Si estoy muriendo y estuviera agonizando, por favor, déjenme ver a mi padre, déjenlo despedirse de mí", ha pedido la joven a Ortega.

Esta semana se cumplen 90 días desde las desapariciones. "Las familias merecen tener la certeza de si sus seres queridos se encuentran con vida y el lugar en el que están recluidos. La angustia que viven es un castigo más de la política de represión del Gobierno de Daniel Ortega", zanja Guevara.