La regeneración de Macron topa con las investigaciones judiciales a sus ministros

“Por principio, un ministro que está imputado debe abandonar el gobierno”. En plena campaña presidencial de 2017, el entonces candidato Emmanuel Macron prometió ejemplaridad. Esos agitados comicios se vieron marcados por los casos de corrupción de François Fillon, líder de Los Republicanos (socios del PP en Francia). La promesa macronista de regenerar la política francesa fue una de las claves de su victoria. Cuatro años después, sin embargo, estas palabras persiguen al joven presidente. Además de la pandemia y la indignación de los opositores al pasaporte de vacunación, otra patata caliente estará presente durante sus vacaciones en el fuerte de Brégançon (sureste del país): las investigaciones judiciales que salpican a sus ministros.

Seis miembros del ejecutivo centrista están siendo investigados por la justicia por casos de corrupción y de otro tipo. Esta cifra elevada mancha la imagen gubernamental, pero también refleja la exigencia creciente de la sociedad en materia de transparencia y ejemplaridad de los cargos públicos. Ya sea en las playas de Bretaña o de la Costa Azul, varios ministros (de un total de 30) deberán tener un ojo puesto en los dosieres judiciales que les esperan a partir de la rentrée en septiembre.

Es el caso del ministro de la Pequeña y Mediana Empresa, Alain Griset. Deberá comparecer el 22 de septiembre ante el Tribunal de París por un caso de declaración indebida de patrimonio. La Alta Autoridad para la Transparencia le acusa de haber omitido 171.000 euros de un plan de ahorros en acciones en su declaración. La exministra socialista Yamina Benguiguiya había sido condenada a dos meses de prisión y un año de inelegibilidad por un delito de este tipo. “No hay ninguna decisión de la justicia, ahora tendré la oportunidad de explicar mi situación, de justificarme y de aportar pruebas”, se defendió Griset, un segundo espada del ejecutivo.

El ministro de Justicia, imputado

Bastante más mediática resulta la investigación que salpica al ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti. El 16 de julio, la Corte de Justicia de la República imputó a este controvertido dirigente, acusado de un delito de conflicto ilegal de intereses. Un sindicato de jueces y la asociación anticorrupción Anticor le denunciaron por haberse aprovechado presuntamente de su cargo actual para impulsar investigaciones contra aquellos jueces con los que tuvo contenciosos cuando ejercía como abogado. Pese a su inculpación, Dupond-Moretti no dimitió.

“Francia tiene ahora un ministro de Justicia y un ministro del Interior denunciado por violación”, denunció en Twitter la ecologista Sandrine Rousseau, una de las aspirantes de los verdes para ser su candidata en las próximas presidenciales. Gérald Darmanin, responsable de Interior, compareció en marzo ante un juez junto con la mujer que le acusa de haberla forzado a mantener relaciones sexuales a cambio de favores políticos. Este caso ya había sido desestimado dos veces, pero una tercera investigación sigue en curso. Y eso le ha convertido en la oveja negra de las feministas.

La regeneración, ¿cosa del pasado?

Otros dos miembros del Ejecutivo están salpicados por casos de corrupción, mientras que los magistrados tienen en su punto de mira al ministro de Sanidad, Olivier Véran, por su gestión de la pandemia. De hecho, las investigaciones judiciales de cargos gubernamentales han resultado una constante durante el mandato de Macron. Solo un mes después de su investidura, tres ministros renunciaron, entre ellos el de Justicia, el centrista François Bayrou, al ser investigado de manera preliminar por un caso de empleos ficticios en el Parlamento Europeo. Los primeros ejecutivos perdieron a siete miembros en solo un año y medio, una cifra inédita en tan poco tiempo en la Quinta República. Muchos de ellos lo hicieron por escándalos o investigaciones judiciales.

Pero esta moralidad con aires escandinavos parece cosa del pasado. “La justicia es una autoridad, no un poder. No dejaré que la justicia se convierta en un poder”, aseguró Macron en el consejo de ministros del 13 de julio sobre la eventual imputación de su ministro de Justicia, según reveló BFM TV. Todo el ejecutivo se volcó a favor de la permanencia de Dupond-Moretti.

Y así se rompió con una regla no escrita en Francia desde los principios de los noventa que obligaba a dimitir a todos los cargos gubernamentales imputados. Todo un símbolo de lo rápido que ha envejecido la promesa de regeneración de Macron.

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