Solo el 7% de los mexicanos vota en el referéndum de López Obrador para enjuiciar a los expresidentes

Varapalo electoral para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Casi el 93% del censo electoral le ha dado la espalda al mandatario y no ha votado en la primera consulta popular avalada por la Constitución en la historia. El referéndum, una de las banderas del líder izquierdista desde su campaña como candidato en 2018, ponía la diana sobre los últimos cinco Ejecutivos del país. Y daba pie a juzgar los posibles delitos que cometieron en las pasadas legislaturas. En torno al 90% de los ciudadanos se mostró a favor pero, con poco más del 7% de participación, el respaldo quedó a una distancia sideral del 40% necesario para que fuese vinculante.

El desinterés de la gente era palpable en cada rincón del país, de casi 130 millones de habitantes, desde la primera hora del domingo. La televisión mostró durante horas las imágenes de los colegios vacíos. Para mayor inri, ni siquiera el presidente votó. López Obrador estuvo de gira en el Estado occidental de Nayarit. La mañana del lunes, el mandatario quitó hierro al asunto y no descartó que se inicien procesos judiciales en el futuro: “La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales”.

Esta declaración es un reflejo del debate del último año. La oposición, y gran parte de los intelectuales, han criticado la realización del referéndum por consultar algo que le compete a la justicia. La pregunta en la papeleta también fue motivo de un exhaustivo tira y afloja que terminó por cansar a los votantes, que ya habían ido a las urnas en las elecciones de medio mandato de junio. López Obrador propuso incluso poner en el papel los nombres completos de sus antecesores: Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Revanchismo

El Supremo sustituyó el interrogante ya que era difícil de entender por la falta de claridad en el lenguaje: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Según explicó el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, esto habría permitido la creación de comisiones de la verdad, y no un juicio en toda regla, como prometió López Obrador.

Los resultados, agridulces para el oficialismo, han dado pie a una nueva andanada de ataques del partido Morena en contra del Instituto Nacional Electoral, uno de los enemigos favoritos del presidente. El órgano, compuesto por académicos sin militancia y que organiza los comicios en todo el país, ha sido señalado por los acólitos del presidente por no promover la votación, pese a que la formación del Gobierno no aprobó un presupuesto extra para eso. 

A José Antonio Crespo, analista político y doctor en Historia en la Universidad Iberoamericana, no le basta el argumento de Morena y señala que el problema de fondo es que se utilizó un instrumento “bueno e interesante” para una cuestión política y revanchista. “Si se hubiese tratado de una obra pública, algo más tangible la reacción hubiese sido diferente. Hasta habría tenido sentido incluirla en las elecciones de medio mandato -fue rechazado por la oposición por tratarse de una pregunta política y no una técnica-. Pero era claramente propaganda”, señala al otro lado del teléfono. El fracaso de la consulta es la primera gran derrota del presidente. Un animal político de larga trayectoria y que goza de una media de aprobación del 60%.