Estado de derecho

Bruselas amenaza a Polonia con multas si no acata las sentencias del TJUE

  • La Comisión Europea exige al Gobierno polaco que explique antes del 16 de agosto que cumplirá con las decisiones judiciales europeas

  • El ultimátum coincide con el segundo informe del Estado de derecho en la UE, que alerta de retrocesos en la independencia judicial

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. / PASCAL ROSSIGNOL (REUTERS)

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Silvia Martinez
Silvia Martinez

Periodista

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A Bruselas se le terminado la paciencia con Polonia. La Comisión Europea ha vuelto a escribir al gobierno polaco pidiéndole que cumpla con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reclamó la semana pasada la suspensión inmediata del régimen disciplinario del Supremo por considerar que no se ajusta al derecho europeo, una sentencia que el Constitucional polaco ha decidido no acatar. Varsovia tiene hasta el 16 de agosto para rectificar el tiro. Si no remedia la situación para entonces, el Ejecutivo comunitario pedirá la imposición de sanciones financieras.

"Hemos pedido a Polonia que confirme a la Comisión que cumplirá plenamente con la decisión del tribunal del (pasado) 14 de julio sobre la sala disciplinaria. Polonia debe informarnos sobre las medidas previstas a tal efecto antes del 16 de agosto", han explicado la vicepresidenta Vera Jourova y el comisario de justicia, Didier Reynders. "Si no se puede ejecutar debidamente el fallo del TJUE pediremos sanciones financieras", han añadido sobre una sanción que deberá confirmar después la justicia europea. "Si son sanciones son para motivar a moverse. Esperemos que se pueda evitar llegar hasta allí y que el 16 de agosto a ultima hora no haga falta", ha añadido la comisaría de nacionalidad checa.

El aviso coincide con la publicación del segundo informe sobre el Estado de derecho en la UE que, por segundo año, vuelve a alertar de problemas respecto a la independencia judicial en países como Polonia o Hungría. Según Bruselas, prácticamente todos los Estados miembros están llevando a cabo reformas del sistema judicial, aunque el calado de las mismas, la forma y los progresos varían. Algunos países de la UE han dado pasos o están tomando medidas para reforzar la independencia judicial, el nombramiento de jueces o la autonomía de las fiscalías. Otros, sin embargo, han continuado realizando reformas que reducen las salvaguardas sobre la independencia judicial planteando preocupaciones o agravando las ya existentes en cuanto a la influencia del poder ejecutivo y legislativo sobre el funcionamiento del sistema judicial. 

Retrocesos en independencia judicial

Es el caso de Polonia donde las reformas, según alerta la Comisión, siguen siendo fuente de gran preocupación. Pero también de Hungría, donde la dirección de los cambios es negativa y apunta a una reducción de las salvaguardas, Bulgaria, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia así como España, donde la renovación del CGPJ sigue bloqueada, lo que prolonga la preocupación de que pueda ser percibido como vulnerable a la politización, o Lituania, donde el presidente del Supremo también permanece ad interim desde 2019. 

Bruselas en todo caso va todavía más lejos y alerta de que en algunos Estados miembros los ataques políticos y los reiterados intentos de socavar a los jueces o las instituciones judiciales ponen en peligro aún más la independencia judicial. Por ejemplo, no ha habido cambios en Polonia, donde la doble función del Ministro de Justicia, que también es el Fiscal General, sigue siendo motivo de preocupación. En cuanto a Hungría, si bien la independencia de la fiscalía está consagrada en la ley, no ha habido cambios, según Bruselas, sobre algunos aspectos de la fiscalía que no cuentan con suficientes garantías contra la influencia política.

Corrupción y medios de comunicación

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El análisis sobre la lucha contra la corrupción también arroja un balance agridulce. Hay 10 países de la Unión Europea que se encuentran en los los 20 primeros del mundo que se perciben como menos corruptos y varios están adoptando o revisando sus estrategias los marcos relativos a la integridad, los conflictos de interés, la transparencia respecto a los grupos de presión o las puertas giratorias. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario reconoce que persisten desafíos importantes en este terreno. En particular, relacionados con las investigaciones penales, los enjuiciamientos y la aplicación de sanciones por corrupción en algunos Estados miembros. 

Además, los recursos asignados a la lucha contra la corrupción no siempre son adecuados en algunos países europeos, en otros genera preocupación la eficacia de las investigaciones, los procedimientos judiciales o la adjudicación de casos de corrupción de altos cargos, mientras que el covid-19 ha ralentizado las reformas y las decisiones en algunos países. Una pandemia que también ha afectado a periodistas y medios de comunicación. De hecho, el Ejecutivo comunitario alerta de un deterioro generalizado de la situación de los periodistas en algunos Estados miembros como Eslovenia. No todos los reguladores de los medios de comunicación están libres de influencia política y, según Bruselas, existe un alto riesgo de interferencia política en los medios de comunicación de algunos Estados miembros.