Negligencia médica

Sudáfrica investiga la muerte de 144 pacientes psiquiátricos

  • Las víctimas perdieron la vida tras ser trasladados por las autoridades a centros gestionados por oenegés sin control ni preparación para atender a estos enfermos

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El Periódico

Este lunes ha tenido lugar en Sudáfrica la primera audiencia de la investigación judicial por la muerte de 144 personas en 2016 debido a una atención inadecuada en centros sanitarios psiquiátricos sin licencia. Los fallecimientos se produjeron entre abril de 2016 y enero de 2017, en su mayoría por neumonía, deshidratación y diarrea después de que los pacientes fueran trasladados desde hospitales privados a 27 centros mal equipados.

Una orden del Departamento de Salud de la provincia de Gauteng para ahorrar dinero hizo que más de 1.700 pacientes psiquiátricos tuvieran que ser trasladados en pocos días a estos centros. El juez sudafricano, Mmonoa Teffo, escuchará las pruebas que podrían dar lugar al procesamiento de los funcionarios que estaban a cargo de esta administración en ese momento.

Según el abogado de la Fiscalía Nacional, Pieter Luyt, "la mayoría de las personas que murieron lo hicieron en centros gestionados por oenegés que no estaban debidamente controladas o que no estaban controladas en absoluto" y que no tenían ni la capacidad ni el personal cualificado para atender a los pacientes. La "premura" con la que se sacó a los pacientes de los hospitales provocó su internamiento en "instalaciones no equipadas para atenderlos", ha señalado al inicio de la vista, que comenzó prácticamente en el Tribunal Superior de Pretoria.

Acusación de las familias

"Las pruebas demostrarán que sus muertes fueron causadas por la negligencia, la tortura y los malos tratos", ha dicho la abogada Adila Hassim, que representa a algunas de las familias de las víctimas. La abogada también ha explicado que las familias tratarán de demostrar que la conducta de los funcionarios del Gobierno y de los dirigentes de las oenegé fue lo que "causó la muerte" de los pacientes.

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"Optaron por dejar a estos (pacientes) en estas casas donde no tendrían suficiente comida ni agua, ni calor, ni supervisión adecuada ni acceso a medicamentos", ha subrayado. Eran "trampas mortales", ha insistido, haciéndose eco de las palabras de un juez jubilado del Tribunal Constitucional, Dikgang Moseneke.

Moseneke, que dirigió la investigación preliminar llevada a cabo en 2018 por un panel nombrado por el Gobierno, había ordenado al gobierno pagar un millón de rands (70.000 dólares) a cada una de las familias de los pacientes por el trauma y el daño causado. Se espera que la nueva investigación abierta dé lugar esta vez a un procedimiento penal.