derechos humanos

La Eurocámara condena enérgicamente la ley homófoba de Hungría

  • Los eurodiputados redoblan la presión sobre la Comisión Europea para que actúe contra el Gobierno de Viktor Orbán

  • El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, advierte que no permitirán a “activistas LGTBIQ entrar en escuelas y guarderías”

Manifestantes en favor de los derechos LGTBI en Budapest.

Manifestantes en favor de los derechos LGTBI en Budapest. / ATTILA KISBENEDEK (AFP)

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Silvia Martinez
Silvia Martinez

Periodista

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La hostilidad europea contra la nueva ley húngara impulsada por el Gobierno de Viktor Orbán, que prohíbe hablar de homosexualidad o cambio de sexo en las escuelas y que ha entrado este jueves 8 de julio en vigor, ha quedado plasmada en una resolución del Parlamento Europeo aprobada por amplia mayoría de 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones. Prácticamente todos los grupos de la Eurocámara -PPE, Socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda- salvo la ultraderecha y los ultraconservadores han cerrado filas con un texto que “condena” en los términos más enérgicos posibles la ley homófoba húngara que constituye, según los eurodiputados, “una manifiesta violación de los valores, principios y el derecho de la Unión”.

Además de los grupos Identidad y Democracia, que aglutina a los ultraderechistas de la Lega o el Reagrupamiento Nacional francés, tampoco han apoyado la condena los Conservadores y Reformistas Europeos, entre los que se incluyen los eurodiputados de Vox, así como una docena de eurodiputados populares. El PP español, en cambio, +ha optado por la abstención. La única excepción en la delegación española ha sido Esteban González Pons que ha apoyado la moción de condena.

La resolución redobla la presión sobre la Comisión Europea para que acelere y presente con urgencia un procedimiento de infracción contra Hungría. Además, pide a Bruselas que utilice todos los instrumentos procesales del Tribunal de Justicia de la UE si fuera necesario, incluida la utilización de la vía de urgencia, medidas cautelares y sanciones, y a los Estados miembros que utilicen el artículo 259 del Tratado y denuncien a Budapest ante la justicia europea si la Comisión Europea no actúa.

Los eurodiputados tienen claro que la nueva legislación de Hungría no es un caso “aislado” sino un ejemplo más del intento “intencionado y premeditado” de Orbán de “desmantelar gradualmente” los derechos fundamentales en su país, que se suma a las campañas de desinformación contra (la comunidad) LGBTIQ patrocinadas por el estado que “se han convertido en herramientas de censura política para el Gobierno húngaro”. En este sentido, subrayan que las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTIQ forman parte de una agenda más amplia que está llevando al desmantelamiento de la democracia y el estado de derecho, incluida la libertad de presa, y que debe considerarse como una violación sistémica del artículo 2 del Tratado que recoge los valores en los que se basa la UE.

Activar el mecanismo de condicionalidad

La resolución, que también pide a la presidencia eslovena semestral de la UE que organice una audiencia sobre Hungría en septiembre, llama a la Comisión y el Consejo a que reconozcan la “urgencia” de defender los valores europeos y pide a la Comisión que active de forma inmediata el mecanismo de condicionalidad para congelar los fondos a Hungría. Hasta ahora Bruselas ha optado por esperar a que el Tribunal de Justicia de la UE emita su veredicto, tras el recurso presentado por Polonia y Hungría. Según los eurodiputados, hay elementos que justifican su activación

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En todo caso, los eurodiputados también expresan “serias dudas” sobre la capacidad del Gobierno Orbán de gestionar los fondos de forma no discriminatoria y urgen a la Comisión a aprobar El plan nacional de recuperación de Hungría, que debe permitir a Budapest acceder a 7.000 millones en subvenciones a fondo perdido, solo si tienen garantías de que “no contribuirá a implementar la ley” y a vulnerar por tanto “los derechos fundamentales en el país”. Bruselas tiene hasta el próximo 12 de julio para presentar su recomendación, dado que el reglamento prevé dos meses de plazo para realizar una evaluación, y prosiguen la evaluación.

Pese al nuevo toque de atención de la Eurocámara, el primer ministro Viktor Orbán, en el poder desde hace once años y forzado a abandonar el Partido Popular Europeo el año pasado por su deriva autoritaria, se reafirma en su postura y ha vuelto a reiterar que no abandonarán la nueva ley. “El Parlamento Europeo y la Comisión Europea quieren permitir a los activistas LGTBIQ entrar en nuestras escuelas y guarderías. La cuestión es saber quién decide cómo criar a nuestros hijos. Los tratados fundadores son claros: recae bajo la autoridad de los Estados miembros. Los burócratas de Bruselas no tienen nada que hacer”, ha avisado.