Crisis migratoria

La migración venezolana ya cruza ilegalmente el Río Bravo hacia EEUU

En lo que va de año, más de 10.600 venezolanos han alcanzado suelo estadounidense

El flujo no se detendrá en tanto que la Administración Biden les otorga un estatus de protección temporal

Inmigrantes cruzando Río Bravo en El Paso, Texas.

Inmigrantes cruzando Río Bravo en El Paso, Texas. / JOSE LUIS GONZALEZ (REUTERS)

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Abel Gilbert
Abel Gilbert

Periodista

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Yomaira y Alfredo son venezolanos y superan los 60 años. El tiempo transcurrido juntos no les retaceó audacia: acaban de cruzar el Río Grande. Los 165 metros que separan ambas orillas se convirtieron en una odisea matrimonial. No fueron los únicos que llegaron a Estados Unidos desde la caliente frontera mexicana.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, entre enero de este año y principios de junio, 10.635 venezolanos entraron a ese país por el mismo camino ilegal que atravesaron Yomaira y Alfredo. Durante el período 2019-2020, el último año de la era de Donald Trump, solo tuvieron lugar 145 tránsitos de esa naturaleza. La mayoría niega haber dejado un dineral para pisar, como sea, suelo norteamericano. Sin embargo, la policía estima que existe una red de tráfico de personas que les cobra entre 2.000 y 3.000 dólares para llegar al paraíso anhelado. "Nadie entra ilegalmente a Estados Unidos sin pagar algo a los coyotes", le dijo una autoridad fronteriza en Texas a la revista digital caraqueña Efecto Cocuyo.

El nuevo flujo de migrantes hacia Estados Unidos no se detendrá. La previsión está relacionada con las recientes disposiciones adoptadas por el presidente Joe Biden. La Casa Blanca decidió semanas atrás otorgar un estatus de protección temporal -conocido como TPS- a miles de venezolanos que se encuentran ya en ese país. El TPS es asignado a quienes huyen de un conflicto armado, un desastre natural o bajo otras condiciones extraordinarias. No solo los protege de una eventual deportación: también pueden obtener un permiso de trabajo provisional. La medida, que también se extiende a ciudadanos procedentes de El Salvador, Haití y Honduras, tiene una vigencia inicial de 18 meses. No se descarta su prórroga. Se calcula que podría favorecer a más de 320.000 venezolanos.

Un drama sin precedentes

Venezuela se ha convertido, después de Siria, en el país más afectado por una crisis migratoria en el mundo. La Comisión de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, calcula que 5,6 millones de personas abandonaron el país desde que se agudizó el conflicto político interno, en 2013. No existe un precedente de esa naturaleza en América Latina. El torrente humano no da señal de frenarse.  Colombia es su mayor receptor. Casi 1,8 millones de inmigrantes ya se encuentran en ese país. Muchos se enfrentan a la extrema pobreza, el abandono y reacciones xenófobas. Según el diario El Universo, de Guayaquil, miles de venezolanos se desplazan mensualmente hacia el sur del subcontinente desde el norte ecuatoriano. Lo hacen a veces sin miramientos y a pesar de las condiciones que impone la pandemia.

América Latina vive su mayor desastre económico de los últimos 120 años como consecuencia del covid. El PIB regional cayó más de nueve puntos. Se perdieron millones de puestos de trabajo. Los venezolanos dispersos por los países sudamericanos se encontraron entre los más afectados por el colapso. De acuerdo con ACNUR, uno de cada cuatro niños se ha separado de su madre, su padre o ambos. Un tercio de ellos padece situaciones de hambre. Una de cada tres niñas y adolescentes abandonó sus estudios tras emigrar. Las mujeres han convivido con la amenaza de la violencia de género y el abuso sexual.

Ayuda económica

En este contexto se ha realizado en Canadá una Conferencia Internacional de Donantes, en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos. Sus participantes se comprometieron a recaudar 1.500 millones de dólares en subvenciones y préstamos. Estados Unidos anunció que contribuirá con 407 millones de dólares. Los canadienses lo harán con 93,12 millones. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) garantizaron otros 600 millones de dólares en préstamos para abordar la crisis. "¿Esto cubre todas las necesidades? Por supuesto que no , dijo el Alto Comisionado de la ACNUR, Filippo Grandi.

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"Venezuela condena con indignación el desarrollo, en su nombre, de una nueva edición de la farsa mediática", reaccionó el ministerio de Exteriores. A su vez exigió "el cese de los actos de agresión política, económica y de comunicación" contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El ministro Jorge Arreaza llamó a su vez la atención "sobre el destino de los fondos económicos que dicen haber recaudado". También denunció "el silencio que dichos Gobiernos y entidades internacionales mantienen sobre el robo y saqueo de los recursos del Estado venezolano en el exterior".