La batalla entre la India y Twitter que está poniendo en jaque la libertad de expresión

Twitter está con el agua al cuello en la India. La red social y el gobierno ultranacionalista de Narendra Modi se encuentran inmersos desde hace meses en un enfrentamiento por la moderación de contenido que se ha acentuado esta semana y que está poniendo en jaque la libertad de expresión en la democracia más poblada del mundo.

El conflicto nace de una nueva ley que da más poderes a Nueva Delhi para controlar lo que se dice en Internet, señalada por los activistas digitales como un peligro. La regulación, aprobada en febrero pero que entró en vigor el pasado 25 de mayo, obliga a las compañías tecnológicas a restringir la publicación de ciertos temas, a acatar las órdenes del gobierno sobre la eliminación de contenido y a identificar a los autores de “información maliciosa”. De negarse a ello los empleados de esas plataformas quedan expuestos como responsables penales.

El ministro de Tecnología, Ravi Shankar Prasad, acusó a Twitter de haber elegido “el camino del desafío deliberado” por negarse a aplicar algunas órdenes del gobierno. Esas órdenes exigían el bloqueo de hasta 500 cuentas, incluidas las de periodistas, activistas y políticos de la oposición. Varios reporteros fueron detenidos y acusados de sedición en febrero por informar sobre una masiva movilización de granjeros críticos con las leyes de agricultura del país que causó episodios de violencia.

Golpe a Internet

La escalada de tensión dio un nuevo salto este miércoles. Las “consecuencias no deseadas” con las que el gobierno de Modi había amenazado a Twitter por negarse a seguir sus órdenes se materializaron en el anuncio de que se había despojado a Twitter su condición de plataforma, lo que la convierte en responsable penal del contenido publicado ahí.

Así, la ley india rompe contra uno de los principios fundamentales de internet: esos espacios digitales no son medios, sino plataformas, lo que hace que no sean responsables de lo que se comparta en ellas. Ese pilar, especificado en la sección 230 de la Communications Decency Act de Estados Unidos de 1996, ha permitido el crecimiento de las redes sociales, pues las protege de demandas. Algo que Nueva Delhi busca revertir.

El gobierno acusa a Twitter de violar la ley. Twitter señala que esa orden proviene de un ministerio, no de los tribunales, con lo que la ley del ejecutivo puede estar vulnerando principios básicos del estado de derecho indio como la libertad de expresión.

Escalada de tensión

En los últimos meses, Twitter ha dado pasos para adaptarse a la nueva ley, que le da un margen de 36 horas para eliminar el contenido denunciado por una orden legal o administrativa. La red social ha bloqueado cuentas críticas con la reforma agraria como la del rapero Jazzy B. Sin embargo, la negativa a silenciar a periodistas y activistas ha condenado a la plataforma. “Es un equilibrio muy difícil de dibujar”, señaló la semana pasada Vijaya Gadde, directora jurídica de Twitter.

La red social solicitó al ejecutivo indio tres meses de margen para poder cumplir con la nueva normativa, pero el día antes de su aplicación agentes de la policía registraron sus oficinas. ¿El motivo? Saber por qué Twitter había etiquetado como “información manipulada” un tuit de un miembro del partido del Gobierno sobre el coronavirus.

“Nos preocupa la posible amenaza a la libertad de expresión de las personas a las que servimos (…) y el uso de tácticas de intimidación por parte de la policía”, tuiteó la red social. Asociaciones periodísticas indias también denunciaron el ataque del gobierno a la libre expresión.

La libre expresión, en jaque

El gobierno de la India lleva meses intentando controlar la información que se publica en las redes sociales en relación a la pandemia de covid-19, especialmente virulenta en el país. En abril, los de Modi amenazaron a los trabajadores de Twitter, Facebook e Instagram con penas de prisión si no acataban sus órdenes. Twitter bloqueó entonces más de 500 cuentas. WhatsApp presentó una demanda contra Nueva Delhi asegurando que la ley era ilegal y abría la puerta a la “vigilancia masiva”.

Aunque las denuncias de las tecnológicas puedan resultar irónicas, críticos y expertos legales de múltiples países han señalado que la legislación india puede vulnerar los derechos digitales de los usuarios, coartar su libertad de expresión y forzarles a no pronunciarse en las redes sociales por temor a represalias.

Durante años India ha sido un país atractivo para los gigantes tecnológicos estadounidenses que se han desplegado en el territorio, algo que la nueva legislación está revirtiendo. La Constitución india prohíbe las expresiones que amenacen "la soberanía e integridad de la India, la seguridad del Estado, las relaciones amistosas con Estados extranjeros, el orden público, la decencia o la moral, o en relación con el desacato al tribunal, la difamación o la incitación a un delito".