Reunión en Londres
Compromiso del G-7 para la máxima transparencia climática de las empresas
La lucha contra la pobreza y el cambio climático fueron otros de los temas fundamentales que se trataron en la reunión de finanzas del G-7. El Reino Unido, el anfitrión, arrancó un consenso para obligar a todas las empresas a publicar cada año un informe sobre su impacto sobre el clima y sus políticas en este terreno, por ejemplo, con la subida de las temperaturas o el uso de tecnologías emergentes respetuosas con el medio ambiente. De esta forma quieren que los inversores "comprendan mejor cómo las empresas están gestionando los riesgos climáticos y puedan asignar la financiación en consecuencia", según se apunta en las conclusiones de la cumbre. O sea, que haya la máxima transparencia.
Los siete países más ricos consideran que éste un paso importante "para garantizar que el sistema financiero mundial desempeñe su papel en la transición a cero emisiones", la transición a sistemas de energía sostenible. Sigue las recomendaciones del grupo de trabajo de las revelaciones financieras climática (TCFD, por sus siglas en inglés), publicadas en el año 2017. De los países del G-7, tan solo Reino Unido y Francia se encuentran entre los 10 países más preparados para llevar cabo esta conversión. Están en el puesto 7 y 9 respectivamente. Estados Unidos está en el 22.
También acordaron crear un grupo de trabajo al estilo del TCFD para garantizar la publicación del impacto positivo en la naturaleza y tomar medidas contra los delitos ambientales mediante la introducción y el fortalecimiento de los registros centrales de beneficiarios reales de las empresas. Todas estas decisiones serán presentadas en la cumbre climática de noviembre de la que el Reino también será anfitrión en Glasgow.
Pobreza y covid
Los ministros de finanzas del G-7 también se comprometieron a continuar apoyando a los países más pobres y vulnerables mientras abordan los desafíos económicos y de salud asociados con el covid. Para ello respaldaron la asignación general de derechos especiales de giro (SRG) por un valor de 650.000 millones de dólares (535.000 millones de euros) acordada a principios de año por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de la primera ampliación de las reservas desde la crisis de 2008 y es fundamental para ayudar a estos países más vulnerables. Y consensuaron canalizar una parte de este dinero a apoyar nuevas necesidades de salud, incluidas las vacunas, permitir recuperaciones económicas más ecológicas y sólidas en los países más afectados.
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