Crisis en Colombia
El estallido social colombiano supera el mes sin solución a corto plazo
Gobierno y líderes de la protesta fracasan en el diálogo para acabar con un enfrentamiento que ha causado más de 70 muertos
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
El estallido social no tiene respiro en Colombia. Después de un mes y cuatro días de manifestaciones que dejaron 70 muertos y centenares de heridos, según los organismos humanitarios, el horizonte de la solución política de la crisis todavía se muestra lejano. El Gobierno de derechas y el Comité de Paro volvieron a reunirse el martes para acercar posiciones. Los resultados no fueron los esperados. Los líderes de la protesta han levantado los bloqueos de las carreteras en 40 puntos estratégicos para avanzar en las negociaciones. "Es una demostración más de la voluntad que tenemos de una salida concertada", dijo el sindicalista Nelson Alarcón. La medida fue respaldada por el obispo Héctor Fabio Henao, en nombre de la Conferencia Episcopal, y uno de los mediadores junto con la ONU frente a las autoridades. El presidente Iván Duque, añadió Alarcón, "no tiene disculpas" si rechaza este gesto.
Los representantes de Duque ante el Comité de Paro reclamaron un desbloqueo total para firmar un preacuerdo. Aseguraron haber hecho ya importantes concesiones, entre ellas autorizar, aunque sin fecha, la presencia en el país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "En Colombia los bloqueos no son una manera legítima de ejercer el derecho a la protesta", señaló Emilio Archila, el portavoz del Gobierno. El ministerio de Hacienda asegura que las pérdidas económicas son incalculables.
El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que desde el 28 de abril se han llevado a cabo 1.003 desbloqueos en todo el territorio. Molano ha sido señalado como el ejecutor de la política de mano dura del Gobierno. La oposición parlamentaria fracasó en las últimas horas en aprobar una moción de censura en su contra.
Con el correr de las semanas, Duque pasó de la búsqueda de un enemigo interno a tender la mano de la negociación. En los últimos días volvió a cobijarse bajo la sombra de su mentor, Álvaro Uribe. La inspiración del exmandatario ha sido evidente para los analistas en la orden de militarizar la ciudad de Cali, el epicentro del estallido.
La élite empresarial
"La violencia, bloqueos y vandalismo manchan el legítimo derecho a la protesta, fragmentan nuestra democracia, afectan la integridad de las personas, empobrecen al país", han advertido la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. De acuerdo con la revista La silla vacía, la élite empresarial ha sido más perspicaz que Duque al anticiparse a las razones que encendieron la mecha del estallido. En febrero pasado, la consultora PwC le preguntó a 84 presidentes de grandes empresas cuál era la mayor preocupación que tenían: ni la pandemia ni la reactivación de la economía estaba entre las principales inquietudes. La mayoría advertía de signos evidentes de inestabilidad social. "La desconexión del Gobierno nacional y de los gobiernos locales con el descontento de la gente es aprovechado por grupos armados, grupos políticos extremistas y politiqueros. Una tormenta perfecta", dijo uno de los entrevistados.
La lógica del balazo
"Lo que está ocurriendo en Colombia con civiles armados saliendo a disparar es una tendencia preocupante", señaló el diario bogotano El Espectador sobre recientes ataques contra manifestantes frente a la "extraña pasividad" de policías. Esto "causa angustia sobre el futuro de un país con tantas tensiones", añade el diario. Colombia, recordó el editorial, tiene todavía activas "sanguinarias bandas criminales". Por eso resulta incomprensible que haya "tanta comodidad con los discursos que abogan por la justicia por mano propia". Se está preparando "un caldo de cultivo para el desastre".
La cultura del ajuste por cuenta propia no solo se advierte en el marco de la protesta. Una nueva masacre se perpetró en la zona rural del municipio Algeciras, en el departamento de Huila, a 377 kilómetros de Cali. Nueve personas fueron asesinadas en una finca que es propiedad del padre de un exintegrante de las FARC reincorporado a la vida civil tras los acuerdos de paz. Según se informó en Bogotá, un grupo de hombres armados llegó a esa propiedad y mató a su administrador y ocho acompañantes. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2021 han tenido lugar 41 casos de asesinatos colectivos.
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