El estigma del covid golpea a los temporeros en Portugal

Kushal Khadka no tenía alternativa, tenía que volver al campo. Su familia no podía seguir enviándole dinero desde Nepal, su país de origen, y el alquiler de su habitación en Lisboa se había convertido en una carga difícil de soportar tras casi un año sin trabajo. A finales de marzo cogió la mochila y se trasladó a Odemira, en el suroeste del país, y comenzó a trabajar en los invernaderos de frutos rojos, que solo en este municipio suponen cerca del 90% de la producción total del país. Poco después la cifra de contagios por covid-19 comenzó a aumentar en la zona y ahora Odemira registra la mayor incidencia acumulada de Portugal -de 560 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra casi diez veces superior a la media del país- y dos de sus distritos están bajo estrictos cierres perimetrales.

La pandemia ha sacado a la luz las pésimas condiciones en las que viven los cerca de 13.000 temporeros que, como Kushal, trabajan en los invernaderos del municipio y que son la causa principal del elevado índice de contagios registrados recientemente. "Trabajamos todos los días de la semana a cambio de unos 4,50 euros la hora. Cuanto más trabajamos más cobramos", explica sentado en la cama inferior de una litera de su casa, tras una larga jornada de casi 10 horas. "Este mes he trabajado 189 horas, es un trabajo duro", asegura.

El covid golpea a los temporeros en Portugal

Cuando por fin termina de trabajar se junta con sus compañeros de habitación en una pequeña casa rodeada de verdes prados y suaves colinas, cuya belleza contrasta con el interior. Aquí viven siete trabajadores nepalís repartidos en dos habitaciones de unos 10m2 cada una, a cambio de un alquiler de 150 euros por persona. "Ya le he dicho a mi familia que no les voy a poder mandar mucho dinero estos meses. Entre el alquiler, la comida y el seguro de trabajo, con suerte podré enviarles 150 euros", lamenta Kushal, quien teme tener que hacer una cuarentena por el covid y perder parte de sus ingresos.

Problema habitacional

De los 13.000 temporeros que trabajan en Odemira, cerca de la mitad no tiene acceso a una vivienda digna. Algo que el primer ministro, António Costa, ha calificado como "un riesgo enorme para la salud pública, además de una violación flagrante de los derechos humanos". Pero el alcalde de Odemira insiste en acusar al Gobierno de ignorar las alertas lanzadas desde el ayuntamiento desde 2018, cuando la creciente llegada de inmigrantes al municipio puso el foco sobre el problema habitacional.

Además de los cierres perimetrales y de la vuelta a la primera fase de la desescalada -que incluye el cierre de la hostelería y la apertura de los comercios solo con servicio en la puerta-, el Ejecutivo ha obligado a las empresas con más de 10 trabajadores a elaborar un registro diario de sus empleados y ha trasladado a algunos de los temporeros a otros espacios para aliviar la sobreocupación de las viviendas, algo que ha generado tensiones con la población local.

Uso temporal de propiedades privadas

A pocos kilómetros del centro de Odemira, un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Republicana (GNR) hace guardia frente al complejo turístico Zmar Eco Resort, una propiedad privada con cerca de 260 viviendas, de las cuales casi la mitad han sido requisadas por el Gobierno de forma temporal para alojar a los trabajadores del campo. La otra mitad pertenece a pequeños propietarios, que se han opuesto frontalmente a la llegada de los trabajadores y que ya han presentado un recurso ante el juez, que ha sido aceptado este viernes. “Estas personas han dado negativo por coronavirus antes de entrar aquí, pero están en contacto con otras que pueden estar contagiadas”, sostiene uno de los vecinos frente a la puerta del recinto.

Pedro Moleiro, otro de los propietarios, asegura que no tiene nada en contra de los temporeros pero sí muestra su preocupación por las mafias que supuestamente están detrás de su llegada a los invernaderos, algo que la Fiscalía de Odemira está investigando. “Nadie me asegura que no puedan entrar un día en mi casa”, señala. Los primeros 30 realojados llegaron en la noche del miércoles al jueves escoltados por la GNR en una operación que obligó a los servicios de emergencias a atender a tres vecinas por ataques de ansiedad. Sin embargo, la justicia ha ordenado desalojarlos de nuevo hasta que se resuelva el contencioso, en un tira y afloja que se prevé duradero. “El Gobierno cuenta con recursos suficientes para alojar a los trabajadores del campo en otros lugares. Lo que están haciendo es una payasada”, sentencia Moleiro.

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