Emergencia humanitaria

HRW denuncia los abusos de poder en la frontera de Venezuela y Colombia

Estos hechos son habituales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas

Un informe de la ONU informaba de que 19.000 personas habían muerto a manos de las fuerzas del orden entre 2014 y 2019 en el país

Las fuerzas de seguridad venezolanas comenten casos de abuso de poder contra la población civil de Apure.

Las fuerzas de seguridad venezolanas comenten casos de abuso de poder contra la población civil de Apure. / JUAN CARLOS HERNANDEZ / ZUMA PRE / E.P.

Victoria Flores

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha emitido un informe este lunes en el que expresa su preocupación por los acontecimientos que se están viviendo durante las últimas semanas en el estado venezolano de Apure, en la frontera con Colombia. Las fuerzas de seguridad iniciaron una operación el 21 de marzo de 2021 cuyo fin era combatir a los grupos armados en el territorio nacional. Sin embargo la acción llevó a "la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles en tribunales militares y la tortura de residentes acusados de colaborar con grupos armados".

Según informaba la radio local de la oenegé Fe y Alegría, fueron 32 los detenidos en los altercados. Aunque se desconoce oficialmente el paradero de los mismos, la cadena ha informado de que fueron trasladados el día 26 de marzo a un Tribunal Militar de la circunscripción judicial castrense de Guasdualito, también en el estado de Apure. Además, los cuerpos de los cuatro fallecidos fueron encontrados a un kilómetro de distancia, en El Ripial, con armas en las manos, cortes, heridas de bala y aparentes dislocaciones óseas. HRW ha concluido que los cuerpos debieron ser trasladados y que "las armas de fuego y las granadas podrían haber sido colocadas en sus manos".

La ofensiva se realizó por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra el grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocido como Frente 10 Martín Villa. Los enfrentamientos se han producido en distintas áreas rurales del estado y han provocado la migración de casi 6.000 personas a Colombia. Los desplazados venezolanos han recalcado que los ataques aéreos, los combates y los abusos de las fueras de seguridad son habituales.

"Prácticas sistemáticas"

HRW ha querido destacar que estos hechos son similares a otras acusaciones que se le han hecho a las autoridades venezolanas y que han dado lugar a investigaciones sobre posibles crímenes contra la humanidad. La organización también ha señalado que estos actos no son casos aislados por la situación actual en la frontera, sino que "son coherentes con las prácticas sistemáticas de las fuerzas de seguridad venezolanas", como ha indicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Ya en 2020, la ONU envió una Misión Internacional Independiente de Investigación a Venezuela y concluyó que "tanto las autoridades venezolanas, como los grupos armados progubernamentales cometieron violaciones atroces que equivalen a crímenes de lesa humanidad".

Según varios informes por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la policía venezolana mató a 19.000 personas entre los años 2014 y 2019 por "resistencia a la autoridad". Estos informes también indicaban que las Fuerzas de Acciones Especiales del país (FAES) eran las responsables de, al menos, el 59% de los asesinatos. Asimismo, la investigación también mostró que más de 800 civiles han sido procesados en tribunales militares venezolanos desde 2014. Una práctica que cada vez es más frecuente en le país y cuyas cifras no se ven en el continente americano desde las dictaduras militares de los años 60 y 70.