Veredicto histórico

El racismo policial en EEUU, a examen pese a la condena al agente que mató a Floyd

  • El Departamento de Justicia abre una investigación civil sobre la policía de Mineápolis

  • “No podemos detenernos aquí”, dice Biden tras remarcar el desenlace “demasiado inusual”

Emoción y esperanza tras el juicio por el caso de George Floyd. / Marc Femenia

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Culpable, culpable, culpable”. Estados Unidos, y especialmente la comunidad negra, repiten emocionados como un mantra liberador las tres condenas que un jurado de 12 miembros dictó el martes contra el exagente de la policía de Mineápolis Derek Chauvin por el asesinato el 25 de mayo del año pasado de George Floyd, el hombre negro cuyo caso desató en el país la mayor ola de protestas por los derechos civiles en décadas. Prácticamente nadie, no obstante, respira aliviado. El racismo policial se sigue identificando como un problema sistémico en EEUU ante el que se saben necesarias acciones tomadas no solo en casos particulares e irrefutables o en los tribunales, aunque al menos este caso en concreto ha servido para reactivar ese examen y revitalizar el debate sobre potenciales reformas del sistema policial y penal.

El mismo martes, horas después del veredicto, el presidente Joe Biden identificaba en un discurso al país la resolución del caso como un potencial “paso gigante hacia la justicia en EEUU” pero también reconocía que la condena era una decisión “demasiado inusual”. El mandatario aseguraba, además, que la obligación ahora es “plantarle cara al racismo estructural y a las disparidades raciales que existen en la forma de proteger a los ciudadanos y, de forma más generalizada, en el sistema penal”. “No podemos detenernos aquí”, dijo Biden, “es insuficiente”.

Investigación de Justicia

De momento, con iniciativas legislativas aún en gestación en el Congreso controlado por los demócratas, y en distintas fases en los municipios y estados donde se han emprendido revisiones, el proceso empieza con el foco en Mineápolis. Este miércoles el fiscal general, Merrick Garland, ha anunciado que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación civil del cuerpo de policía de la ciudad que tratará de determinar si despliega “patrones y prácticas inconstitucionales” tanto en acciones con sospechosos de minorías raciales como con los manifestantes, a los que se reprimió con dureza en las manifestaciones del año pasado.

De dar con violaciones de la ley esas pesquisas podrían acabar no solo en un informe público sino en un acuerdo bajo arbitraje judicial que obligaría al Departamento de Policía de Mineápolis a reformas. Ese tipo de pactos no son nuevos pero Garland aprobó justo el pasado viernes volver a implementarlos, anulando un mandato adoptado por Donald Trump que limitó su uso en casos de responsabilidad policial.

Sobre el papel son pasos prometedores pero la experiencia explica también que el anuncio de Garland se reciba con escepticismo. En Chicago en 2017, por ejemplo, la policía firmó uno de esos acuerdos tras una investigación federal por el caso del asesinato del adolescente negro Laquan McDonald en 2014, una muerte cuyas circunstancias reales se ocultaron durante más de un año. Activistas y expertos denuncian que las reformas en formación y acciones policiales que debían haberse puesto en práctica no han llegado. Y la muerte a manos de la policía el mes pasado de Adam Lorenzo, un hispano de 13 años, recordó el por qué de las críticas.

Floyd, un caso particular

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Está extendida también la sensación de que la resolución del caso contra Chauvin, que ha sido “segregado” en una unidad de máxima seguridad en la prisión de Oak Park Heights donde espera su sentencia en ocho semanas, es una excepción más que la nueva norma. Como señaló también Biden el martes, lo que ocurrió aquel 25 de mayo fue “un asesinato a plena luz del día”. Fue grabado por una adolescente en un vídeo que recogió la tortuosa detención de Floyd durante nueve minutos y 29 segundos y permitió desarticular la insultante y falsa versión inicial oficial, en la que simplemente se dijo que los agentes que detuvieron a Floyd, tras esposarlo, “se percataron de que parecía sufrir problemas médicos” y se dijo que “en ningún momento nadie usó armas de ningún tipo”. Y en el juicio, además, se ha producido la anomalía de que líderes policiales testificaran contra otro uniformado. Lo dijo también Biden: “hizo falta todo eso para que el sistema judicial ofreciera una simple, básica, rendición de cuentas”.

El expresidente Barack Obama también emitió un comunicado tras el veredicto , que calificó como “un paso necesario en el camino hacia el progreso pero lejos de uno suficiente”. Obama pidió reconocer que “millones (...) viven con miedo de que su próximo encuentro con agentes del orden puede ser el último”. Y sus palabras retumbaban recordando la muerte, durante el juicio a Chauvin, de Daunte Wright en un suburbio de Mineápolis, y cobraban una dimensión especial cuando se sabía que, poco antes de que se emitiera el veredicto, un policía blanco de Columbus (Ohio) mataba de cuatro disparos a una adolescente negra de 16 años que estaba involucrada en una pelea con un cuchillo.