Acuerdo en la UE
El certificado europeo de vacunación no será un pasaporte que garantice la movilidad
Los Veintisiete cierran un acuerdo preliminar sobre el nuevo certificado digital, para impulsar la movilidad este verano, que ahora deberán negociar con la Eurocámara
Los Estados miembros se aseguran margen de maniobra para seguir aplicando cuarentenas u otras restricciones por razones sanitarias
El documento certificará si du portador ha recibido la vacuna contra el coronavirus, ha generado anticuerpos tras pasar la enfermedad o tiene una PCR reciente negativa
Silvia Martinez
Periodista
Pese a las dudas iniciales de gobiernos como Francia o Bélgica, los Veintisiete han logrado cerrar este miércoles un preacuerdo sobre el certificado verde digital de vacunación, destinado a facilitar los viajes intraeuropeos a partir de este verano e impulsar la movilidad en la UE, coartada durante el último año por las continuas restricciones contra el covid19. Para salvar las reticencias de algunas capitales, el documento aprobado limita la ambición inicial de la Comisión Europea al asegurar un mayor margen de maniobra a los gobiernos para seguir aplicando cuarentenas y otras restricciones "por razones sanitarias", incluso a las personas provistas del certificado.
El siguiente paso será la negociación del texto con el Parlamento Europeo que se pronunciará durante la última semana de abril. Si se mantiene el calendario significa que el certificado de vacunación podría estar en marcha en el mes de junio, tal y como se ha fijado como objetivo Bruselas. “La situación epidemiológica actual sigue siendo de gran preocupación pero debemos mirar hacia adelante y necesitamos soluciones que funcionen en todos los Estados miembros”, ha explicado el primer ministro portugués, Antonio Costa, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.
El proyecto de reglamento confirma que el documento no será una precondición para ejercer el derecho a la libre circulación en la Unión Europea y utilizar servicios transfronterizos de transporte como aviones, trenes, barcos o autobuses porque “no es un documento de viaje” ni tampoco un pasaporte. Tal y como estaba previsto, no solo cubrirá a las personas que hayan recibido el antídoto (las que ya hayan sido vacunadas antes de la entrada en vigor también podrán pedirlo). Para evitar discriminaciones con las personas no vacunadas también certificará a quienes viajen con un test negativo PCR o quienes estén inmunizados porque se han recuperado de la enfermedad. No obstante, los Estados miembros se reservan "el derecho a limitar la libertad de movimientos por razones sanitarias".
Período transitorio
El texto incluye una disposición transitoria de seis semanas para garantizar que los Estados miembros puedan seguir utilizando los sistemas que tienen actualmente después de la entrada en vigor del reglamento y hasta que certificado esté plenamente operativo en su territorio. Los Veintisiete también han introducido un nuevo artículo sobre la dimensión internacional que aclara el tratamiento a dar a los certificados expedidos a ciudadanos europeos y sus familiares así como a nacionales de terceros países que tengan residencia legal en la UE o que hayan sido vacunados en terceros países. Por ejemplo, el texto destaca que también podrán expedirse a nacionales o residentes de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano.
Según el acuerdo provisional, el certificado será gratuito, se expedirá en formato digital o papel, contendrá un código QR con todos los datos necesarios, y estará en inglés y en la lengua oficial del país que lo emita. Además, tendrá un período de validez de un año –inicialmente se propuso que durara hasta que la Organización Mundial de la Salud declarara el fin de la pandemia- aunque la Comisión Europea tendrá que elaborar un informe sobre el impacto de la medida tres meses antes de que finalice la aplicación explicando si ha facilitado la libre circulación. Las vacunas aceptadas serán aquellas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, hasta ahora BioNTech/Pfzier, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Según la presidencia portuguesa el acuerdo refuerza las disposiciones sobre protección de datos, unas de las exigencias del Parlamento Europeo.
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