Los republicanos lanzan una ofensiva para restringir el voto en EEUU

Donald Trump protagonizó el mayor asalto contra la democracia estadounidense de su historia moderna, una campaña de desinformación y mentiras que culminó con el ataque contra el Capitolio de cientos de sus seguidores. Millones de votantes conservadores siguen creyendo que las elecciones de noviembre fueron un fraude colosal, una idea que su partido ha decidido perpetuar al embarcarse en los últimos meses en una cruzada legislativa para “restaurar la confianza en el sistema electoral”. Con el pretexto de arreglar un problema que no existe, como acreditaron los tribunales o las propias agencias gubernamentales, los republicanos han lanzado una ofensiva antidemocrática sin precedentes en las últimas décadas para restringir el derecho al voto.

Desde que Joe Biden ganara las elecciones, sus legisladores han aprobado, propuesto o introducido más de 250 leyes en 43 estados para dificultar el voto, según el recuento del Brennan Center for Justice. Una serie de iniciativas que, según los expertos, perjudicarán particularmente a los votantes afroamericanos y urbanos, dos de los principales caladeros demócratas. La mayoría de ellas buscan restringir el voto anticipado y el voto ausente, modalidades que, en plena pandemia, utilizaron más de la mitad de los estadounidenses que acudieron a las urnas el pasado 3 de noviembre. Principalmente los demócratas. Pero hay también iniciativas para endurecer los requisitos para identificarse en los colegios electorales el día de las elecciones, un trámite más complicado de lo que pudiera parecer en un país donde no existe el DNI y donde menos de la mitad de la población cuenta con un pasaporte en regla.

“Es una atrocidad. Esto no tiene nada que ver con la justicia”, dijo Biden la semana pasada. “Es una estratagema punitiva para impedir que la gente vote”. Pese a todo el ruido que las acompañó, aquellas elecciones acabaron siendo una auténtica celebración democrática. Votó el 76% del electorado, la mayor participación del último siglo. Pero el Grand Old Party de Trump y Mitch McConnell ha demostrado desde entonces una notable pereza intelectual. En lugar de analizar los motivos de su derrota y buscar fórmulas para expandir su base de votantes ha optado simplemente por poner trabas al electorado rival con una campaña que algunos han comparado con lo ocurrido durante el período conocido como la Reconstrucción (1865-1877), cuando los estados sureños impusieron una serie de tasas y test de alfabetización para dejar fuera de las urnas a los esclavos negros recién emancipados.

“No es exactamente lo mismo que sucedió al final de la primera Reconstrucción y esperemos que no lo sea. Pero hay suficientes paralelismos para estar nerviosos”, le ha dicho al ‘Washington Post’ el profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio, Edward Foley. La ley que más ampollas ha levantado fue aprobada la semana pasada en Georgia, uno de los estados que mantuvo en vilo al país después de que Trump impugnara allí su derrota.

Nuevos requisitos

Por entonces el liderazgo estatal republicano se enfrentó al presidente para defender contra viento y marea la legalidad del resultado, confirmado hasta en tres recuentos, pero ahora ha presentado esta reforma como una necesidad para “garantizar que nuestras elecciones son seguras” y “expandir el derecho al voto”, en palabras de su gobernador, Brian Kemp. No es así como lo ha visto las organizaciones de derechos civiles porque la ley impone nuevos requisitos para votar por correo, reduce el número de buzones para depositar el voto ausente, prohíbe el uso de colegios electorales móviles y deja en manos del parlamento estatal la autoridad de certificar el resultado, que hasta ahora recaía en su secretario de Estado.

“En términos de supresión de voto, esto es como un árbol de Navidad lleno de regalos”, ha dicho la senadora estatal demócrata, Jen Jordan. El punto que más indignación ha despertado, sin embargo, es la cláusula que convierte en un delito dar agua o comida a los votantes que esperan en las colas. Algo que hacían algunas organizaciones para aliviar la penuria que se vivió en noviembre en circunscripciones de mayoría negra, donde algunos llegaron a esperar hasta siete horas para poder votar. Un estudio reciente reveló que en los barrios con un 90% de población blanca la espera media para votar fue de seis minutos, mientras en aquellos con 90% de población no blanca fue de 51 minutos.

Campaña de boicot

Diversas organizaciones han iniciado una campaña para exhortar a las grandes empresas e instituciones a posicionarse contra la ley de Georgia. Un llamamiento al boicot que ha dado sus primeros resultados. La liga profesional de béisbol anunció esta semana un cambio de emplazamiento para su partido del All Star y el 'draft' de jugadores que tenía previsto celebrar en Atlanta este verano. “He decidido que la mejor forma de demostrar nuestros valores como deporte es cambiando de ubicación”, afirmó su comisionado, Robert Manfred. “La MLB respalda sin matices el derecho al voto para todos los estadounidenses y se opone a las restricciones en las urnas”. 

La ley de Georgia ya ha sido impugnada en los tribunales, una de las muchas batallas legales que se avecinan dadas las leyes similares que se preparan en Arizona, Tejas, Michigan o Pensilvania, donde los republicanos controlan sus respectivos parlamentos. La estrategia parece clara: recurrir a la supresión del voto para frenar el giro progresista en estados que solían ser de tradición conservadora. Todo lo contrario a lo que están haciendo los demócratas, que han introducido en el Congreso federal las dos leyes más ambiciosas para expandir el voto desde los años sesenta. Leyes ya aprobadas en la Cámara de Representantes, pero con un trámite complicado en el Senado.

Un cínico podría decir que ambos partidos tratan de proteger a su manera sus intereses electorales. Y tendría razón. La diferencia es que unos buscan expandir la democracia, mientras otros tratan de tullirla.