La UE estudia medidas legales contra Londres por "violar" el Protocolo de Irlanda del Norte

El Protocolo de Irlanda del Norte enfrenta de nuevo a Londres y Bruselas. La Unión Europea ha vuelto a acusar al Reino Unido de violar la ley internacional y amenaza con tomar medidas legales después de que el Gobierno de Boris Johnson haya anunciado su intención de modificar unilateralmente el Protocolo aprobado con muchas dificultades para sacar adelante el acuerdo comercial del Brexit.

El Parlamento Europeo respondió este jueves negándose a fijar una fecha para la votación del acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido, en protesta por los cambios ilegales que pretende hacer el Ejecutivo británico. La ratificación estaba prevista para el 24 de marzo y ahora puede aplazarse hasta la fecha límite, a finales de abril. Si para entonces ese trámite no se ha completado y no se ha aprobado una aplicación provisional del acuerdo, el tratado comercial que entró en vigor el 1 de enero puede suspenderse. En ese caso el Reino Unido y la Unión Europea se encontrarían comerciando con tarifas y cuotas en los términos de la Organización Mundial de Comercio. "Estamos dispuestos a utilizar esa arma", declaró a Reuters el presidente del Comité de Comercio de la Eurocámara, Bernd Lange. "Es el último recurso. Lo que realmente deseamos es una desescalada de esta situación".

La nueva querella estalló el miércoles cuando en una declaración en la Cámara de los Comunes el ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, indicó que el Ejecutivo británico se propone prorrogar hasta octubre el periodo de gracia en los controles fronterizos que debe finalizar el 31 de marzo. Una medida que afecta a las mercancías procedentes de Gran Bretaña con destino a Irlanda del Norte. La UE entiende que esa decisión se debe tomar previa consulta, y conjuntamente, pero Johnson, según su portavoz, considera que una decisión así respeta lo estipulado en el protocolo. "Estoy seguro de que con buena voluntad y sentido común, todos esos problemas técnicos son solucionables", declaró el primer ministro.

Un socio en el que no se puede confiar

"Esta es la segunda vez que el Gobierno del Reino Unido está dispuesto a violar el derecho internacional", ha denunciado el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic. El pasado mes de septiembre Johnson aprobó la ley de mercado interior del Reino Unido, que otorgaba a los ministros poderes para suspender unilateralmente los controles aduaneros o determinar la concesión de ayudas a empresas en Irlanda del Norte. La UE llegó a amenazar con emprender acciones legales y finalmente Johnson archivó las modificaciones.

En el país más directamente afectado, la República de Irlanda, las intenciones de los británicos han provocado una reacción furiosa. "Este no es el comportamiento apropiado de un país respetable", ha declarado el viceprimer ministro, Leo Varadkar. "Desgraciadamente lo que esto significa es que la UE se da cuenta de que está negociando con un socio en el que simplemente no puede confiar y no es la primera vez que eso pasa", señaló el ministro de Exteriores, Simon Coveney.

Aviso de los paramilitares lealistas

A fin de evitar una frontera física entre las dos Irlandas, en las negociaciones del Brexit se acordó que la región británica norirlandesa continuará formando parte del mercado único comunitario. Eso exigió nuevos controles fronterizos en el mar de Irlanda que están implicando una gran carga burocrática. Papeleo y otras dificultades han llevado a escasez de productos en los supermercados y tensiones políticas. A las pintadas amenazadoras contra los trabajadores portuarios se ha sumado ahora otro 'aviso' de los paramilitares lealistas.

En una carta dirigida a los primeros ministros de Londres y Dublín y al vicepresidente Sefcovic, los lealistas anuncian la retirada temporal de su apoyo al Acuerdo de Viernes Santo en rechazo al Protocolo. La carta está firmada por el presidente del Consejo de Comunidades Lealistas, David Campell, que engloba a las bandas paramilitares vinculadas con los unionistas protestantes. Si bien se dicen decididos a oponerse de manera pacífica y democrática, lanzan una advertencia sobre la "permanente destrucción" que sufrirá el Acuerdo de Paz de 1998 si no se modifica el Protocolo.