Vulneración de derechos

Escándalo de abusos sexuales a menores en centros de acogida públicos de Panamá

Niñas revelan haber sido embarazadas por religiosos y obligadas a abortar

Protestas en Panamá por casos de abuso infantil en 14 albergues. / AFP / LUIS ACOSTA / VÍDEO: EFE

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EFE

Las autoridades de Panamá investigan un caso de abuso sexuales sistemáticos durante años de a decenas de menores en centros de acogida dependientes del Estado. "Hay niñas que denuncian que religiosos las dejaban embarazadas y después las hacían abortar ", ha asegurado a Efe la diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, .

Rodríguez, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), también asegura que los abusos, físicos y mentales, los cometían los "internos" o personal a cargo de quién estaban los niños y niñas en al menos 14 albergues investigados.

Esta es la primera vez desde que se destapó el escándalo hace unas semanas que una autoridad apunta, aunque sea vagamente, a alguien como responsable de las vejaciones a que los niños eran sometidos.

Compromiso del presidente

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, transmitió la semana pasada un mensaje a la nación por televisión en el que se comprometió a encontrar y castigar a los culpables de estos abusos, sin dar detalles de qué acciones ha tomado su Gobierno ni en qué dirección.

Varios menores de edad fueron abusados sexualmente por "internos" desde 2015 en al menos 14 albergues en Panamá, y niñas denunciaron haber quedado embarazadas de religiosos que regentaban los hogares, dijo a Efe Rodríguez. "Los abusos los cometían los mismos internos", e incluso existe un caso de un menor de edad que "fue abusado reiteradamente durante cinco años, desde los 10 a los 15", afirmó la diputada.

Una subcomisión parlamentaria reveló un informe que detalla que decenas de menoresfueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en albergues de todo el país, instituciones que administran organismos privados como oenegés y fundaciones, pero que están bajo la supervisión del Estado, que les otorga además fondos públicos.

De acuerdo con la investigación parlamentaria, se hallaron albergues sin el permiso de operación reglamentario, sin personal cualificado, con "condiciones infrahumanas" de vida, y que muchas de las victimas de los abusos son menores con alguna discapacidad.

Hasta ocho investigaciones

La Fiscalía General, donde Rodríguez y otras diputadas presentaron el informe parlamentario la semana pasada, ha dicho que tiene abiertas ocho investigaciones por irregularidades en albergues, algunas de hasta dos años, y que hay imputados, aunque se desconocen los detalles de estos casos.

El caso ha generado gran indignación en Panamá, donde este lunes continuaron las protestas en rechazo a los abusos contra los menores y también a la reacción del Gobierno del presidente Cortizo, tildada de tardía e insustancial por activista de derechos humanos y también políticos de oposición.

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Más de 200 manifestantes protestaron ante la sede del Ministerio del Trabajo, obstruyendo parcialmente una importante arteria vial y exigiendo justicia para los niños víctimas y cárcel para los responsables de los abusos.

"Llevamos tres semanas en la calles y no hay una respuesta certera por parte del Gobierno. Hemos visto cómo han tratado de ocultar información y a personas involucradas (...) como juventud nos sentimos indignados, tristes, rabia e impotencia", dijo a Efe Dional Sañazar, militante de la organización Juventud Revolucionaria.