La propuesta Biden para reformar la inmigración inicia su arduo camino en el Congreso

En sus primeras horas en la Casa Blanca Joe Biden envió al Congreso las líneas maestras de su plan para iniciar una reforma profunda y ambiciosa de las leyes de inmigración en Estados Unidos. Era una promesa de campaña y también una muestra de su determinación de romper radicalmente y desde el primer día con el clima político de criminalización del inmigrante y la política de mano de hierro que marcaron los cuatro años de mandato de Donald Trump.

Este jueves, la propuesta legislativa concreta ha sido presentada formalmente en la Cámara Baja y la que semana que viene se hará en el Senado, poniendo sobre la mesa una vía que llevaría a la primera regularización masiva en 35 años, concretamente de cerca de 11 millones de personas que viven sin documentos en EEUU. Y aunque el camino queda ahora abierto, nadie, ni siquiera en la Administración, tiene duda de que será extremadamente arduo recorrerlo o llegar al final deseado.

El núcleo central de la propuesta de Ley de Ciudadanía estadounidense es abrir esa vía a la regularización. Concretamente, es un camino bifurcado según el tipo de inmigrante. Los llamados 'dreamers' (que llegaron como niños a EEUU), los beneficiados actualmente por el Estatus de Protección Temporal y trabajadores esenciales podrían solicitar inmediatamente (tras pasar los correspondientes controles de historiales policiales y de seguridad y pagar impuestos) un permiso de residencia (la 'green card') y, tres años después, pedir la ciudadanía. El resto (siempre que hubieran llegado a EEUU antes del 1 de enero de este año, para evitar el efecto llamada), podrían pedir la 'green card' tras cinco años y tres después la ciudadanía.

 La propuesta legislativa también tiene otros elementos, de elevar los cupos de visados de trabajo y facilitar los de reunificación familiar a plantear una inversión de 4.000 millones de dólares en cuatro años en Honduras, Guatemala y El Salvador para tratar de contribuir a mejorar una situación que ahora empuja a muchos a emigrar de allí. Y en una diferencia de fondo con proyectos de reforma anteriores, no pone tanto el foco en el refuerzo de la seguridad en la frontera, aunque incluye propuestas para reforzar la tecnología que permita combatir a traficantes de narcóticos y de seres humanos o más fondos para los tribunales de inmigración.

Dificultades desde el principio

Las ajustadas mayorías demócratas crean unas perspectivas complicadas para la aprobación de la propuesta de ley. En la Cámara Baja ya hay congresistas del partido de Biden que le ponen peros y hasta han llegado a avisar de que tendrá efectos electorales “catastróficos”, especialmente en distritos fronterizos como los de Texas en los que Trump logró mejores resultados entre hispanos de los que se esperaban. Y en el Senado, donde harían falta diez votos republicanos, también el consenso es esquivo incluso entre los 50 demócratas.

Cabe la posibilidad de que se intente aprobar la ley, o al menos partes de ella, en un proceso de reconciliación presupuestaria que solo requiere mayoría simple, una idea que defienden los activistas pro inmigración. Tanto la posible división en propuestas legislativas parciales como ese voto sin republicanos es algo que Biden está dispuesto a discutir “en las próximas semanas”, según ha dicho este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Para el presidente, en cualquier caso, era importante poner el proyecto sobre la mesa, y hacerlo con fuerza y también con simbolismo. Los encargados de la presentación han sido el senador Bob Menéndez y la congresista Linda Sánchez, ambos hijos de inmigrantes.

“Es un imperativo económico y moral”, ha dicho en un acto virtual Menéndez, hijo de cubanos, que fue parte del llamado Grupo de Ocho que intentó la última reforma en 2013, que aprobó el Senado pero los republicanos que controlaban entonces la Cámara Baja frenaron. “Esta vez puede y debe ser diferente”, ha declarado la representante californiana, de padres mexicanos.