Birmania intensifica las protestas democráticas y la ONU alerta de un desenlace fatal

Engordan las protestas, se enrocan los militares, suma cargos el proceso contra la lideresa Aung San Suu Kyi y la comunidad internacional alerta sobre un desenlace fatal. No pasa un día sin nuevos elementos inquietantes desde que la asonada de principios de febrero frustrara la senda democrática en Birmania y la devolviera a su laberinto.

La multitud se juntó de nuevo este miércoles junto a la pagoda Sule, en el centro histórico de Rangún. Las crónicas locales hablan de decenas de miles de manifestantes y describen una heterogénea masa de estudiantes universitarios y profesores, trabajadores en huelga y monjes. Ahí llegaron para exigir la liberación de sus líderes y la devolución del poder al pueblo y mostrar los tres dedos que se popularizaron como símbolo de lucha democrática en la vecina Tailandia. La jornada había empezado con el llamamiento a través de las redes sociales para detener los vehículos privados en medio de las principales avenidas y puentes fingiendo averías y evitar así tanto la llegada de los militares a los lugares de las protestas como las de los trabajadores a sus oficinas. La iniciativa subraya la desobediencia civil de una sociedad en rumbo de colisión con el Gobierno golpista. Kyi Toe, uno de los escasos líderes de la Liga Nacional por la Democracia que aún no ha sido detenido, pedía a través de las redes sociales manifestaciones masivas para mostrarle a los golpistas "la fuerza del pueblo" y proteger el país y el futuro de las nuevas generaciones.

Nueva acusación sobre Suu Kyi

A los birmanos les había sulfurado la noticia de que sobre su amada lideresa, Aung San Suu Kyi, había caído una nueva acusación contra la ley de gestión de desastres naturales. La Dama, que ya afronta un juicio por vulnerar la ley de importaciones por los seis 'walkie talkies' que usaban sus guardaespaldas, participó este martes a través de vídeoconferencia en la apertura de la fase oral. La gestión de la crisis de los golpistas está firmemente asentada en una lectura creativa de la realidad. Aseguran que su gobierno no tiene relación con la Junta Militar que mandó durante décadas con puño de hierro, que lo del primero de febrero no fue un golpe de Estado y que Aung San Suu Kyi y el presidente, Win Myint, no están detenidos sino confinados en sus domicilios por razones de seguridad.

Más de 450 personas han sido arrestadas, según las cuentas de la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos. La primera oleada llegó horas antes de que el Parlamento se constituyera tras las elecciones de noviembre que habían sellado la victoria incontestada del partido de Suu Kyi y dejado apenas una cuarentena de asientos a la formación apadrinada por los militares.

"Temo el creciente peligro potencial de violencia a gran escala", ha alertado Tom Andrews, delegado para Myanmar de la ONU. Andrews ha recibido noticias sobre el envío de tropas a Rangún desde provincias vecinas. "En el pasado, esos movimientos precedieron a asesinatos, desapariciones y detenciones masivas", ha recordado. Entre esas tropas figuran las divisiones de infantería ligera, con un documentadísimo historial de violaciones de derechos humanos en el estado de Rakhine o de represiones sangrientas de levantamientos como la Revuelta Azafrán de 2007.