La Asamblea Nacional da luz verde a la ley contra el “separatismo islamista”

Tras 135 horas de debate y 313 enmiendas, la Asamblea Nacional ha aprobado este martes el proyecto de ley para “reafirmar los principios republicanos”, eje central del plan de Emmanuel Macron para combatir el “separatismo islamista”. Con 347 votos a favor, 151 en contra y 65 abstenciones, la iniciativa cuenta con el beneplácito de la Cámara Baja. El texto llegará al Senado el próximo 30 de marzo y, si no surge ningún imprevisto, será adoptado de forma definitiva antes del verano. El presidente francés habrá conseguido así llevar a buen puerto un proyecto emblemático en la recta final de su quinquenio. 

Actualizar las bases del laicismo es el objetivo principal del proyecto. Para reforzar este valor republicano por excelencia, el texto cuenta con 51 artículos que abordan temáticas tan variadas como sensibles: la neutralidad de los servicios públicos, la educación en casa, la lucha contra el odio en internet o la prohibición de los certificados de virginidad. 

Delito de “separatismo”

Entre las medidas estrella de la iniciativa aparece la creación de un delito de “separatismo”. El artículo 4 del texto prevé sancionar con una multa de 75.000 euros y hasta cinco años de prisión a todo aquel que amenace, violente o intimide a un funcionario público. No es el único delito inscrito en la normativa, el conocido como “artículo de Samuel Paty” -víctima de una campaña de acoso y derribo en las redes sociales por ilustrar una de sus clases sobre la libertad de expresión con la caricatura de Mahoma-. También decreta una pena de tres años de prisión y una sanción de 45.000 euros para quien “pongan en peligro la vida del otro a través de la difusión, con una intención maliciosa, de informaciones relativas a la vida privada”. 

Neutralidad política y religiosa de los funcionarios

Según la nueva norma, los funcionarios, así como los empleados externos contratados para una misión pública, deberán respetar el principio de neutralidad, política y religiosa. Todos los empleados públicos deberán cumplir con una formación específica sobre el laicismo; policías, gendarmes y agentes penitenciarios tendrán además que jurar “servir con dignidad a la República, a sus valores de libertad, igualdad, fraternidad y a su Constitución”; y los futuros profesores serán instruidos sobre “la enseñanza de la religión, la educación sobre los medios de comunicación y la prevención de la radicalización”. 

De hecho, el texto dedica una atención particular a la educación. El artículo 21, especialmente rebatido durante el debate parlamentario, prevé endurecer las normas de la instrucción en el hogar: a partir del curso 2022, esta pauta de enseñanza no sólo deberá ser notificada a las autoridades públicas, sino que deberá ser aprobada por las mismas para evitar que “este tipo de formación sirva a prácticas separatistas”. 

Insuficiente vs. “inútil y peligroso”

El proyecto también establece un sistema de control de la financiación extranjera destinada a los lugares de culto, la retirada de los permisos de residencia a los extranjeros que vivan en régimen de poligamia, un sistema de control para evitar los matrimonios forzados y la firma de un contrato de valores republicanos para las asociaciones deportivas.

Con este pertrecho legal, Macron promete no dar tregua al islamismo radical. Una promesa cuestionada ya por la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, que considera la propuesta como “un texto de policía administrativa”, lejos de la "gran ley de combate” que esperaba. Las críticas también surgen del frente opuesto. Para Jean-Luc Mélenchon, jefe de filas de La Francia Insumisa, el proyecto de ley es “inútil y peligroso” dado que “estigmatiza” a los musulmanes. A pesar de no contar con el consenso de la oposición, el mandatario francés habrá conseguido mantener unidas a sus filas, un éxito nada desdeñable a quince meses de las próximas elecciones presidenciales.