Tras el golpe de estado

La junta militar de Birmania declara la amnistía para más de 23.000 presos

La policía y el Ejército han detenido a por lo menos 260 personas desde que se hicieron con el poder

El general golpista biramano Min Aung Hlaing.

El general golpista biramano Min Aung Hlaing. / EP

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El Periódico

El gobierno militar de Birmania ha detenido a más de 260 personas tras el golpe de Estado perpetrado el 1 de febrero, mientras están previstas para este viernes nuevas manifestaciones masivas en rechazo a la junta castrense, según informa EFE.

Políticos, activistas, abogados y miembros del movimiento iniciado de desobediencia civil, entre otros, son parte de los arrestados por las autoridades a raíz de la asonada.

La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) denunció que "desde el jueves el número de arrestos se está incrementado" en un comunicado donde eleva a 262 el numero de personas detenidas por las autoridades, incluidas 21 que ya han sido liberadas.

Anoche, la policía detuvo a un popular adivino de Rangún, antigua capital y ciudad más poblada del país, lo que se topó con la resistencia de decenas de vecinos que acudieron a la comisaría donde permanecía cautivo para exigir su liberación.

Este viernes están convocadas grandes movilizaciones a lo largo del país, al igual que suceden de manera ininterrumpida desde el pasado sábado, para mostrar el rechazo de los birmanos al gobierno del Ejército, que ya rigió el país con dureza desde 1962 hasta 2011.

Para celebrar el día de la Unión, que conmemora un importante acuerdo entre varios líderes étnicos y que conllevó más tarde a la independencia del país, el nuevo gobierno militar anunció una amnistía y reducción de penas para 23.000 presos comunes.

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El gobierno militar, encabezada por el general Min Aung Hlaing, justifica la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre en los que la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por la nobel de la Paz y depuesta líder democrática Aung San Suu Kyi, arrasó, como ya hizo en 2015.

Suu Kyi, de quien no han trascendido noticias en varios días, permanece supuestamente bajo arresto domiciliario en Naipyidó, la capital fundada en 2005 por los militares, y afronta una acusación por un delito de importación ilegal de dispositivos telefónicos, penado con un máximo de 3 años de cárcel.

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