Alemania, Suecia y Polonia responden a Rusia con expulsión de diplomáticos

Alemania, Suecia y Polonia dieron el lunes un golpe por golpe al expulsar a diplomáticos rusos en represalia por una medida similar que adoptó Moscú contra funcionarios de esos países acusados de manifestarse en favor del opositor Alexéi Navalni.

Los ministerios de Relaciones Exteriores de los tres países europeos anunciaron, casi simultáneamente, su decisión de expulsar cada uno a un diplomático ruso, declarándolo "persona non grata".

La reacción de Moscú llegó de inmediato. "Esa decisión es infundada y hostil", declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, denunciando una vez más "la injerencia" occidental en los asuntos internos de Rusia.

Al anunciar y justificar el viernes su decisión de expulsar a diplomáticos de Alemania, Suecia y Polonia, Rusia los acusó de haber participado en protestas favorables a Navalni el 23 de enero en Moscú y San Petersburgo, lo que consideró acciones "inaceptables e incompatibles con su estatuto". Fueron sorprendidos "en flagrancia", según la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

Tensión diplomática

Las expulsiones de los europeos fueron consideradas "inaceptables" por la ministra sueca de Asuntos Exteriores, Ann Linde, para quien el diplomático sueco expulsado "solo estaba cumpliendo sus funciones".

Suecia había confirmado el viernes que uno de sus diplomáticos había "observado" una manifestación en San Petersburgo como parte de sus funciones, pero rechazó cualquier participación activa.

El diplomático alemán expulsado solo trataba de "informarse por medios legales sobre la evolución de la situación en el terreno", subrayó por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. El ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia también consideró la decisión de Moscú "injustificada".

Rusia anunció las expulsiones apenas unas horas después de una reunión en Moscú entre el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, y el el ministro ruso de Relaciones exteriores Serguéi Lavrov. Un desaire para el funcionario europeo. "Es cierto que nuestras relaciones están severamente tensas", afirmó Borrell, frente a Lavrov, reiterando su llamado a la liberación del opositor y al "inicio de una investigación imparcial sobre su envenenamiento" en agosto pasado.

¿Nuevas sanciones?

La UE podría decidir nuevas sanciones contra Moscú, aunque sean difíciles de aplicar. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunirán el 22 de febrero para discutir sobre la misión de Borrell en Moscú y decidir los pasos a seguir con Rusia.

Para la canciller alemana Angela Merkel, la expulsión "injustificada" de los europeos es otra "aspecto más" que muestra que Rusia está muy alejada del Estado de derecho". No obstante, confirmó la vigencia del controvertido proyecto de gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia y Alemania.

El presidente estadounidense Joe Biden criticó duramente a Rusia, en particular por su tratamiento del caso Navalni, declaraciones calificadas de "muy agresivas" por el Kremlin.

Enemigo jurado del gobierno ruso, Navalni, de 44 años, fue condenado el 2 de febrero a purgar una pena de dos años y ocho meses de cárcel por no haber respetado un control judicial que data de 2014. El opositor acusa, por su parte, a las autoridades de buscar silenciarlo.

Fue detenido el 17 de enero a su regreso a Moscú desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento que atribuye al presidente ruso, Vladimir Putin.

Su detención ha generado manifestación en todo el país. Oenegés, medios de comunicación rusos y países occidentales han denunciado una represión brutal que ha dejado cerca de 10.000 detenidos.

Navalni compareció el viernes de nuevo ante un tribunal acusado de difundir informaciones "falsas" e "injuriosas" sobre un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que defendió en un video un referéndum de 2020 para dar más poderes a Putin.

El opositor, que podría ser condenado a pagar una multa o a una pena de prisión, denuncia una persecución política.

El activista anticorrupción tiene además abierta otra investigación en su contra por "fraude masivo", un delito pasible de 10 años de prisión.