Para hacer una película porno

El Supremo de Florida inhabilita a un abogado que pidió sexo a reclusas

Andrew Spark se valió de su posición para solicitar servicios pornográficos de las mujeres encerradas

El Tribunal Supremo de Florida, en Tallahassee.

El Tribunal Supremo de Florida, en Tallahassee. / Shutterstock

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El Periódico

El Tribunal Supremo de Florida inhabilitó a un abogado acusado de solicitar servicios sexuales a reclusas para un "filme pornográfico", entre un grupo de letrados que recibieron diferentes sanciones en los dos últimos meses, informó este miércoles el Colegio de Abogados del estado.

En sus órdenes recientes, la más alta instancia judicial del estado sancionó a nueve abogados, destituyó a cuatro, suspendió a seis y reprendió a uno. Un abogado fue puesto en libertad condicional por conductas poca éticas o criminales, detalló el ente jurídico.

Las sentencias del Supremo de Florida tuvieron lugar entre el 28 de diciembre y el 21 de enero pasado, y en ellas los jueces dan cuenta de algunos de los veredictos.

Uno de las órdenes judiciales del Supremo, que no son definitivas hasta que expira el tiempo para presentar una moción, se refiere al caso del abogado Andrew Spark, inhabilitado ahora y cuyo caso recogen los medios locales este martes.

Spark "abusó" de su oficio en la práctica de la ley para "acceder a habitaciones privadas proporcionadas a los abogados en dos cárceles (de los condados de Pinellas y Hillborough) con el propósito de solicitar servicios de prostitución" de las reclusas.

Spark, de 58 años, prosigue el Tribunal Supremo estatal, "grabó en vídeo estos encuentros sexuales con el objetivo de hacer una película pornográfica para su propio interés lascivo o financiero".

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El abogado, que se declaró culpable de tres cargos separados, se encontraba en libertad condicional desde 2019.

El Colegio de Abogados de Florida y su Departamento de Regulación de Abogados señaló en su página web que están encargados de administrar un sistema disciplinario en todo el estado para hacer cumplir las reglas de conducta profesional de la Corte Suprema para sus más de 108.000 miembros.