Detenido el exgobernador mexicano acusado de torturar a una periodista
El exgobernador de Puebla Mario Marín es llevado a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Acapulco, tras ser detenido. / DAVID GUZMÁN GONZÁLEZ
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La Policía mexicana detuvo este miércoles en Acapulco al exgobernador del estado de Puebla Mario Marín, en busca y captura por presuntamente haber torturado a la periodista Lydia Cacho en 2005 tras destapar una red de pornografía y prostitución infantil vinculada a empresarios y dirigentes políticos.
"El Gobierno de Puebla reconoce a la Fiscalía General de la República su labor de inteligencia para lograr la detención de Mario Marín Torres, esperando que la justicia se aplique con rigor", confirmó desde su cuenta de Twitter el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.
Marín llevaba en busca y captura casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza emitiera una orden de detención en su contra. La orden también reclamaba el arresto del empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales Juan Sánchez.
El exgobernador dirigió el estado de Puebla entre 2005 y 2011 en representación del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Amenazas de muerte
Lydia Cacho fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con una orden de detención, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad de José Kamel Nacif.
Este empresario textil era uno de los principales señalados en el libro 'Los demonios del Edén', en el que la periodista destapó una trama de pornografía y prostitución infantil. Según ha explicado Cacho al diario 'El Universal', la red celebraba fiestas a las que invitaban a "gobernadores, senadores y empresarios para explotar sexualmente a niñas y niños de entre cuatro y 13 años".
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en 2007 que no se violaron "de forma grave" las garantías individuales de Cacho. Sin embargo, en 2018 el Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.
A comienzos de 2019, el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pidió disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos.
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