La cacereña que derrocó al Gobierno holandés: "Solo pedíamos justicia"

  • Habla a EL PERIÓDICO la abogada Eva González tras destapar el mayor escándalo político en Países Bajos y provocar la dimisión de Mark Rutte

La abogada cacereña Eva González. 

La abogada cacereña Eva González.  / BABETTE VAN DER VELDE

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«La dimisión del gobierno no era la intención, solo queríamos que se hiciera justicia con las familias». Eva González Pérez (Cáceres, 1973) atiende a este rotativo desde Países Bajos, lugar en el que ejerce su profesión de abogada desde hace décadas. No podía imaginar si echa la vista atrás que estos últimos se convirtieran en los más arduos de su carrera. Más de seis años ha trabajado para destapar lo que se ha convertido en el mayor escándalo político en la historia del país hasta el punto de que esta última semana ha provocado la renuncia en bloque de todo el equipo de Mark Rutte, hasta ahora primer ministro holandés.

Desbordada aún por el impacto del caso, que ha implicado a más de 20.000 familias inmigrantes residentes en el país que fueron excluidas de ayudas sociales, se muestra «sorprendida», «orgullosa» y «agradecida» por la repercusión y las felicitaciones que ha recibido a raíz de que la noticia saltara a los medios de todo el mundo. Relata que la primera denuncia le llegó en 2014 después de que a varias personas con hijos en la guardería que dirige su marido les llegara una carta del gobierno para anunciarles que les quitaba el subsidio. «Aquí los costes son altos que es imposible pagar la guardería sin las ayudas», añade. En 2015 ganó el primer juicio aunque el gobierno apeló. Así, entre recursos y cada vez un mayor número de familias afectadas por esta situación, pasaron los años en los tribunales. Hasta las 26.000 que se cuentan ahora. A todas ellas el gobierno las acusaba de haber cometido un fraude con Hacienda, les retiró la subvención y les obligaba a devolver las cantidades con carácter retroactivo.

El dato que llamó la atención de González es que todas coincidían en una cosa: todas eran familias extranjeras. «Solo había marroquíes, turcos, no había ninguna familia holandesa, eso me mosqueó», sostiene.

Fue entonces cuando empezó a contactar con instituciones a partir de 2016. Confiesa que se granjeó el rechazo de funcionarios de Hacienda y destaca también la labor de la prensa para visibilizar la situación. «No he sido yo sola», apunta. Asegura que en ningún momento pensó que la investigación alcanzara tal volumen. «Yo no esperaba que se hiciera tan grande, yo pensaba en un primer momento, acabo este juicio y ya está, pero no daban el brazo a torcer y al final explotó». Fue precisamente en enero de 2021 cuando el caso dio el salto internacional tras el anuncio de dimisiones en el gabinete del primer ministro. Esta última semana, finalmente tras una reunión ya entre las cuerdas por el alcance de la situación, Rutte compareció para anunciar su renuncia junto con la de todo su equipo y reconoció que el objetivo del estado era proteger a sus ciudadanos y en este caso el sistema había fallado de forma «estrepitosa». 

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Ese empeño en defender la inocencia de sus clientes durante estos años le ha valido a la abogada cacereña el reconocimiento de la profesión en medio mundo. Una profesión a la que quizá estaba destinada a dedicarse aunque tampoco lo planteó en su momento. Ella también fue inmigrantes, en este caso de España a Países Bajos. Reside allí desde que tenía dos años, no obstante, confiesa que el lazo que le une con Cáceres sigue muy vivo porque veranea en el que fue su lugar de nacimiento, San Martín de Trevejo. «Cuando veo que algo no está bien me afecta mucho, la justicia estará dentro de mí», asevera. Al menos así ha estado –y estará-- para las familias a las que ha defendido con gran perseverancia.

Ahora, al margen de valorar la «confesión» del gobierno y sus consecuencias, González asegura que queda mucho camino. «Esto no es suficiente, hay muchas preguntas que siguen sin ser contestadas». Queda seguir trabajando. «Hay un largo camino por delante», asegura. La dimisión no es el fin. El fin, es, según la cacereña, que «las familias vuelvan a creer en un gobierno que les ha quitado sus derechos». 

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