Los inquilinos en Portugal, desprotegidos ante el avance de la pandemia

Cuando el brasileño Diego Rosa llegó a Lisboa a mediados del mes de febrero del año pasado no se imaginaba cuál sería su situación pocas semanas después. Faltaba poco para que la pandemia golpeara de forma inesperada en Europa, pero en ese momento Rosa era optimista: había encontrado una habitación a un precio asequible en el céntrico barrio de Alfama y un empleo como cocinero en un restaurante. “Los dueños me ofrecieron firmar un contrato de trabajo en abril, pero todo se complicó con la pandemia. El negocio cerró y me quedé sin ingresos”, explica el cocinero. Sin apenas ahorros, Rosa no pudo hacer frente al pago del alquiler -no tenía contrato formal- y pronto se encontró con una reclamación de la propietaria para que abandonara el piso en plena pandemia.

 La situación de Rosa se ha convertido en una tónica habitual en Portugal, a pesar de que el Gobierno lanzó una línea de créditos para apoyar el pago de las rentas durante la pandemia a través del Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana (IHRU, en sus siglas en portugués). Para acceder a estas ayudas, los solicitantes tienen que demostrar una pérdida de ingresos de al menos un 20% y que el valor de la renta suponga al menos un 35% del total de ingresos del hogar. Pero la alta informalidad en el mercado del alquiler ha provocado que muchas personas no puedan acceder a estas ayudas.

 Según los últimos datos facilitados por el propio IHRU a principios de noviembre, de las 2.932 solicitudes de préstamos para el alquiler tan solo fueron aprobadas 713, un 24%. El Instituto atribuye estas cifras a la dificultad para comprobar si existe realmente una relación contractual o una caída de ingresos. Algo que señaló también la secretaria de Estado de Vivienda, Marina Gonçalves, quien reconoció a mediados de diciembre en una entrevista al portal económico 'Eco' que muchos inquilinos tienen problemas para demostrar su situación financiera y contractual debido a la “informalidad”.

Altos impuestos

 Tras varios meses de lucha, Rosa abandonó finalmente la vivienda en agosto, cuando la actividad económica volvía a abrirse y ya era posible salir en busca de alojamiento. Pronto encontró otro trabajo y otra habitación. Ambos, de nuevo, sin contrato. “Tener un contrato de alquiler te permite realizar otros trámites, como el permiso de residencia, y por eso siempre lo pido. Sin embargo, muchos propietarios se niegan a firmar para ahorrarse pagar impuestos”, denuncia Rosa. Unos impuestos que en Portugal ascienden hasta un 28% del total del alquiler.

 Ni el estado de emergencia, ni el aumento de contagios, ni las restricciones impuestas en las últimas semanas han provocado una mayor protección de los inquilinos en Portugal. El Gobierno renovó a finales de diciembre una medida, aprobada en septiembre, que obliga a extender los contratos de alquiler hasta junio de 2021 solo si el inquilino está al corriente de los pagos. En caso contrario, el propietario puede proceder al desalojo.

 La decisión ha provocado las críticas de las asociaciones de inquilinos, que piden moratorias en el pago de los alquileres. “Las medidas anunciadas por el Gobierno son insuficientes, porque permiten al propietario iniciar el proceso de desahucio en uno de los peores momentos de la pandemia”, asegura el presidente de la Asociación de Inquilinos Lisbonenses (AIL), Romão Lavadinho. “El Gobierno ha activado los préstamos del IRHU para ayudar a pagar las rentas, pero el número de solicitudes es muy bajo porque muchas personas no pueden demostrar su situación. También hay falta de información; muchos afectados son gente mayor que puede acabar en la calle por desconocimiento”, advierte.

 Desde la Secretaría de Estado de Vivienda aseguran que han reforzado el personal para informar y para atender las solicitudes, pero insisten en que los requisitos para acceder a las ayudas son necesarios. “Tenemos que poner algún límite para demostrar una pérdida real de ingresos. Hay un mínimo legal que debemos cumplir para dar los subsidios”, afirma Mafalda Meireles, jefa de gabinete de la Secretaría de Estado. Sobre el nivel de informalidad en el mercado del alquiler, Meireles reconoce que no hay datos al respecto, pero confía en que el porcentaje de ayudas aprobadas por el IRHU aumente en los próximos meses.

Suscríbete para seguir leyendo