Política económica

Italia crea una lotería para luchar contra la evasión fiscal

  • Por cada euro pagado, los compradores consiguen un billete virtual, que entra en un sorteo de premios

  • Además, el Gobierno devuelve un porcentaje de las compras realizadas con tarjetas bancarias

Primeras compras navideñas en la vía del Corso, en Roma.

Primeras compras navideñas en la vía del Corso, en Roma. / MASSIMO PERCOSSI (EFE)

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El Estado italiano ha iniciado una nueva política económica basada en premios y loterías con el objetivo de implicar a los contribuyentes en la lucha contra la evasión fiscal, que en el país se sitúa entre los 100.000 millones y los 120.000 millones de euros anuales, según las distintas fuentes. A juzgar por las primeras indicaciones, con ocho millones de registrados -más que para la App que rastrea los contagios de covid-19-, la respuesta está siendo buena, aunque un exministro de Hacienda considera que "se han complicado las cosas sencillas".

El nuevo año ha traído consigo una "lotería de los recibos" y el que se ha ido dejó inaugurado en las últimas semanas lo que en inglés se conoce como 'cashback', es decir una devolución de parte del importe en metálico. Para la "lotería de los recibos" la participación es gratuita, los billetes son virtuales y los premios reales. Si quiere invertir en el juego anti-evasión, el ciudadano se saca (con el NIF) un código personal en un portal de la administración, no conectado a Hacienda, y antes de pagar cualquier producto o servicio pide al vendedor que inserte dicho código. Una aplicación oficial permite gestionar todo el proceso. Se llama "Io", yo.

Código personal

Por cada euro pagado, los compradores consiguen un billete virtual que entra en un sorteo de premios semanales, mensuales y un súper premio anual de cinco millones de euros, todos ellos libres de impuestos. Si el cliente gana un premio, también lo gana el vendedor, aliciente para que este último inserte voluntariamente el código del cliente en el sistema, ya que por cuestiones jurídicas no puede ser obligatorio.

Cada persona puede disponer de hasta 20 códigos distintos y puede pedir que se inserte el código en los pagos realizados en una carnicería, supermercado, peluquería, para los servicios del albañil y fontanero o incluso para repostar gasolina en el coche. Los pagos de compras por internet quedan excluidos. Los premios del 'cashback', que se obtienen por los pagos con tarjetas de crédito, débito o recargables, fueron inaugurados en las pasadas fiestas navideñas, aunque proseguirán en 2021 y 2022.

En 2020, por cada pago efectuado correctamente, el Estado devolvía el 10% del importe directamente a la cuenta del pagador, pero solo hasta un importe máximo de 150 euros repartidos hasta en un total de 10 compras. Así fue hasta el 31 de este diciembre. A partir de enero, el comprador obtiene dos devoluciones del 10% por un importe máximo de 150 euros cada seis meses. El reglamento ilustra que el 10% a devolver es por cada pago electrónico por separado. Paralelamente, cuanto más se compre, más se participa en otros premios, como el destinado a los 100.000 usuarios cuyas compras asciendan a 1.500 euros en seis meses.

Accesos directos desde el banco

Todos los bancos y plataformas de pagos electrónicos se han adherido al sistema y, si quieren, pueden ofrecer al cliente accesos directos a la aplicación "Io". En los días anteriores a la entrada en vigor, las bajadas se producían a razón de 6.000 e incluso 14.000 por segundo, lo que colapsó por algunas horas el portal.

El farragoso sistema de premios presupone que las tiendas cuenten con cajas registradoras conectadas a Hacienda, lo que sucede en la mayoría de los casos desde hace años, aunque para participar en las devoluciones y la lotería además de las cajas conectadas al fisco se necesitan un programa y un escáner que puede costar entre 150 y 300 euros.

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No existen importes mínimos para los pagos, por lo que puede ser el de un café, un caramelo o un ordenador. Para obviar el problema de las comisiones bancarias de los pagos electrónicos, la asociación nacional de los bancos ha decidido suprimirlas por importes hasta los cinco euros y hasta 2023, año en el que debería terminarse el juego.

Esta original lucha contra el fraude fiscal le cuesta al Estado 4.700 millones de euros, para recuperar unos importes evadidos que no han sido revelados, aunque las premisas parecen ser buenas: en enero de 2020 los contribuyentes con "identidad digital" eran 5,7 millones, una cifra que subió hasta los 13,7 millones en diciembre. Hay algunas críticas contra el sistema. "Habría sido suficiente imponer que el volumen de los recibos emitidos por las compras (ya en manos del fisco) coincidiesen con la declaración anual", comenta el exministro de Hacienda Ignazio Visco, según el cual la verdadera evasión fiscal "se produce más arriba de las ventas al detalle".