La justicia británica rechaza la extradición a EEUU de Julian Assange por problemas mentales

La justicia británica ha decidido este lunes no extraditar a Estados Unidos al fundador del portal de información Wikileaks, Julian Assange, alegando problemas mentales. En su dictamen, la jueza Vanessa Baraitser consideró "demostrado" que Assange, de 49 años, presenta un riesgo de suicidio y podría quitarse la vida si es procesado en Estados Unidos, donde le esperaría un largo confinamiento. "La impresión general es de un hombre deprimido y a veces desesperado que teme por su futuro", dijo Baraitser al emitir su dictamen.

La jueza decidirá el miércoles si se concede la libertad condicional a Assange, que se halla en prisión preventiva desde hace 21 meses. Su abogado, Edward Fitzgerald, explicará el "impacto negativo" que tendría para su cliente, que sufre depresión crítica, seguir en prisión y propondrá "un paquete de medidas" de control, que podrían incluir aspectos como vigilancia domiciliaria, comparecencia regular en comisaría o una fianza económica, para garantizar que no existe "riesgo de fuga". Por su parte, el equipo legal que representa a Estados Unidos ha indicado que apelará la sentencia. El caso podría continuar en el Tribunal Superior y acabar en el Tribunal Supremo, en un litigio que puede durar aún años.

Medida "opresiva"

Assange está acusado de espionaje por las autoridades norteamericanas por difundir documentos confidenciales en un caso sin precedentes bajo la normativa original, la ley de espionaje de 1917. En total le imputan 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de pirateo informático. El proceso de extradición a Estados Unidos tuvo lugar el pasado mes de octubre y duró cuatro semanas. En su sentencia, la magistrada rechaza todos los argumentos del equipo de Assange por los que no podía ser extraditado, incluida la motivación política de la persecución, pero admite que puede cometer suicidio si se enfrenta en Estados Unidos a "condiciones de casi total aislamiento" y por tanto rechaza la extradición. "Sería opresiva en razón del perjuicio mental", subraya.

El ciudadano australiano fue detenido en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador en Londres, donde el Gobierno de aquel país le había concedió asilo en 2012. Refugiándose allí, Assange quiso escapar a la orden de busca y captura dictada en su contra por Interpol, a raíz de unas denuncias por violación en Suecia, una larga investigación que fue finalmente archivada. El cambio de Gobierno en Quito supuso la entrega a la policía británica de Assange, que había pasado siete años recluido en la cancillería. El fundador de Wikileaks se encuentra desde entonces detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, a la espera que se decidiese su posible entrega a Estados Unidos.

En el centro de este polémico caso, con el que se pone a prueba el futuro de la independencia periodística y la libertad de expresión, se encuentra una serie de documentos entregados por la exmarine estadounidense Chelsea Manning en 2010, entre ellos, por ejemplo, un vídeo de 39 minutos de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense disparando y matando a más de una docena de iraquís, incluidos dos periodistas de Reuters.

Polémica ley

Muchos académicos consideran que la ley que esgrime EEUU para solicitar su extradición y que no se había utilizado nunca hasta ahora para enjuiciar a un periodista, plantea problemas constitucionales preocupantes porque infringe los derechos de la primera enmienda a recibir y publicar información.

En una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un experto independiente en derechos humanos de la ONU le pidió al mandatario que perdonara a Assange. "El señor Assange ha sido privado arbitrariamente de su libertad durante los últimos 10 años", escribió Nils Melzer, relator especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. "Este es un alto precio a pagar por el coraje de publicar información veraz sobre la mala conducta del gobierno en todo el mundo", indicó.

El relator argumentó que Assange nunca había pirateado, robado o publicado información falsa, ni había causado daño a la reputación a través de una mala conducta personal, y señaló que, aunque se esté de acuerdo o en desacuerdo con sus publicaciones "claramente no pueden considerarse delitos".

La plataforma WikiLeaks pidió a las autoridades de Estados Unidos, la víspera de la sentencia, que retirase los cargos contra Assange, que podría ser condenado a hasta 175 años de prisión bajo el concepto 'Medidas Administrativas Especiales', una versión particularmente dura del confinamiento solitario.