La mortal ruta marítima de los migrantes venezolanos a Trinidad y Tobago

La pandemia y el cierre de fronteras no han puesto fin al imperativo de irse a cualquier precio en una Venezuela arruinada. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que unas 500 personas cruzan a diario a la vecina Colombia por rutas ilegales conocidas como 'trochas' para sumarse a los casi 5,4 millones de migrantes venezolanos repartidos en distintos países latinoamericanos. Pero también se lanzan al mar para dejar atrás una vida de penurias que el Palacio de Miraflores atribuye esencialmente a la "guerra económica" que ha lanzado Estados Unidos.

Al menos 23 personas sin vida han sido encontradas esta semana en el mar de Güiria, a 13 kilómetros de la costa. Diosdado Cabello, uno de los líderes del madurismo, consideró que estos casos son consecuencia de las sanciones internacionales y condenó a los opositores que "quieren hacer política con la muerte de seres humanos". El fiscal general de la República que nombró la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció el arresto del dueño de la precaria embarcación Mi Recuerdo', con la que los malogrados migrantes intentaron llegar a las islas caribeñas de Trinidad y Tobago. El Gobierno lamentó el nuevo caso de "tráfico de personas" de grupos que lucran "con las necesidades del pueblo más humilde de este sector".

Unos 138 kilómetros separan a la comunidad pesquera de Güiria (en el estado de Sucre) de la ciudad Diego Martín de Trinidad y Tobago, una isla donde, de acuerdo con ACNUR ya se encuentran cerca de 40.000 venezolanos a pesar de los intentos de las autoridades de ese país caribeño con más de un millón de habitantes de detener ese flujo migratorio.

Una patera más

"La precariedad, el hambre y el peligro están a la orden del día en Güiria, uno de los últimos pueblos costeros al oriente de Venezuela. Es un territorio sin ley en el que las autoridades voltean la mirada ante la actuación de grupos violentos y de mafias dedicadas a la trata de personas y el narcotráfico. Es un sálvese quien pueda", señaló la revista Tal Cual. La patera 'Mi Recuerdo' zarpó de Güiria el 6 de diciembre. Tres días más tarde se le perdió el rastro. David Smolansky, un dirigente allegado de Juan Guaidó, aseguró que las autoridades trinitarias la devolvieron y naufragó al retornar a Venezuela. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago negó haber interceptado la embarcación. "Es muy triste que una vez más los elementos criminales, a través de sus nefastas actividades, hayan causado la pérdida de vidas. Rezo por las familias", dijo por su parte el ministro de Seguridad Nacional de ese país, Stuart Young. En Caracas se recordó que el pasado 22 de noviembre, un grupo de 29 venezolanos, entre ellos 16 niños, había sido deportado de la isla y estuvo desaparecido en el mar durante 48 horas. Más de 100 personas han atravesado circunstancias similares a lo largo de 2020.

No se trata tampoco del primer desenlace fatal.  El 23 de abril pasado naufragó otra pequeña embarcación con 21 tripulantes, todos desaparecidos. La travesía de dos horas desde el golfo de Paria, en la parte norte de la desembocadura del río Orinoco, en el Atlántico, hacia la isla caribeña se ha convertido en un ritual de fuga a veces imposible. Los venezolanos suben a precarias embarcaciones pesqueras que no soportan el peso de más de 30 personas. Navegan sin salvavidas y arrastrados por motores de escasa potencia, entre corrientes y fuertes oleajes. Antes de otear las costas anheladas, deben atravesar la llamada Boca del Dragón, una serie de peligrosos estrechos que divide las aguas de los dos países y se la conoce como "la ruta de la trata". El obstáculo inmediato es la Boca de la Serpiente.

El negocio sin fin

La gente sube a bordo con lo puesto. Se ha pagado hasta 500 dólares por una promesa sin garantías. El dueño de la patera se queda con más de la mitad de ese dinero. Los dólares que sobran se los reparten autoridades de Güiria y sus cómplices en el país de llegada.

Amnistía Internacional aseguró que los dos gobiernos "ponen vidas en riesgo". La portavoz Louise Tillotson fue especialmente severa con las autoridades trinitarias. "Al mismo tiempo que no condenan las violaciones masivas de derechos humanos que se cometen en Venezuela, vienen dando prioridad a una respuesta centrada en proteger la seguridad nacional y la protección de las fronteras en lugar de buscar formas de cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos". Tillotson no tiene dudas. La tragedia marítima de diciembre es una más de un problema mayor. "Los venezolanos y venezolanas seguirán enfrentándose a la franja de siete millas de agua que separa Venezuela de Trinidad, seguirán sometiéndose a la explotación laboral y la trata de personas y a otras formas de humillación en los países donde han buscado protección porque no tienen alternativa".

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