El Gobierno que diseña Biden incluye a miembros ligados a grandes empresas

Buena parte del equipo de seguridad nacional trabaja para una consultora que se anuncia en su página web como un puente entre la Situation Room de la Casa Blanca y los consejos directivos de las empresas. El potencial secretario de Defensa está a sueldo de uno de los mayores contratistas de armas del Pentágono. Dos de los principales asesores económicos salen de la cantera del mayor inversor de fondos del mundo. Y la responsable del presupuesto dirigía un laboratorio de ideas financiado por países extranjeros y grandes empresas. Esas son algunas de las conexiones corporativas del gabinete que está formando el presidente electo de Estados Unidos, un Joe Biden que ha prometido crear “la Administración más rigurosamente ética de la historia” del país. 

Biden no es el primer presidente que se compromete a reformar la cultura tóxica de las puertas giratorias y la influencia desmedida de las grandes industrias en el Gobierno estadounidense, responsable parcialmente del enorme descredito que arrastran sus instituciones. Barack Obama quiso conjurarse para cerrar las puertas de su Administración a los lobistas. Y Donald Trump hizo carrera con su compromiso para “drenar el pantano” de corrupción en Washington. Pero esas promesas nunca acabaron de materializarse, por lo que han pasado a ser ahora una de las patatas calientes de Biden, sometido a una estrecha vigilancia desde la sociedad civil y la izquierda demócrata para que no caiga en los errores del pasado. De momento, el resultado está lejos de las mejores expectativas, aunque también de las peores.

“La mejoría ha sido mínima”, afirma en una entrevista el director del Revolving Door Project, Jeff Hauser. “La situación ha mejorado respecto a los tiempos de Bill Clinton, cuando se contrató a mucha gente que procedía directamente del mundo empresarial. Ahora es más bien gente con perfil político que se dedicó a los negocios mientras los demócratas estuvieron en la oposición. Es muy parecido a lo que pasó con Obama”. Biden se ha comprometido a firmar en cuanto llegue al poder una orden ejecutiva con reglas éticas tan estrictas como las de Obama, pero no le ha temblado el pulso a la hora de apostar por lugartenientes con un bagaje controvertido, gente de su confianza muy ligada a su trayectoria política.

BlackRock y la industria militar

“Hasta ahora las industrias más beneficiadas son el complejo militar industrial y la gestora de fondos BlackRock”, dice Hauser. La firma de inversiones de Larry Fink, que gestiona una cartera global con un valor cercano a los ocho billones de dólares y está considerada como un fondo buitre por sus detractores, ha ocupado el espacio que Goldman Sachs ocupó en otras Administraciones. De allí han salido Brian Reese, nominado para dirigir el Consejo Nacional Económico, y Wally Adeyemo, número dos del Tesoro, director últimamente de la Fundación Obama. 

La industria militar puede darse también por satisfecha. El general afroamericano Lloyd Austin, escogido para dirigir Defensa, forma parte del consejo directivo de Raytheon, uno de los socios preferenciales del Pentágono, con clientes extranjeros como Arabia Saudí, que ha utilizado sus armas en la guerra de Yemen. El cargo le ha reportado 1.4 millones de dólares. “Es un grave error que amenaza a la democracia”, afirmó tras su nombramiento Common Defense, un grupo progresista de veteranos. Austin está a su vez vinculado con Pine Island Capital Partners, una firma de inversión especializada en la industria armamentística, asociada también con Tony Blinken, el futuro jefe de la diplomacia estadounidense. 

Tras abandonar la Administración Obama, de la que proceden la gran mayoría de los cargos nominados por Biden, Blinken fundó la consultora WestExec en Washington, para la que también trabajaron la Directora Nacional de Inteligencia, Avril Haines, o la jefa de comunicación, Jen Psaki. “WestExec es un lobi en la sombra que vende su conocimiento del sector público al mejor postor”, afirma Hauser. La consultora se ha defendido negando que trabaje con empresas o gobiernos extranjeros, pero al no ser formalmente un lobi no está obligada a hacer pública su cartera de clientes. 

Los tentáculos de Silicon Valley

No son las únicas nominaciones polémicas. Como consejero de la Casa Blanca, Biden ha elegido a Steve Richetti, un veterano lobista que lleva trabajando a su lado desde el 2012. Como zar contra el covid-19, ha situado a Jeff Zients, hasta ahora miembro del consejo directivo de Facebook. Y al frente de la oficina de presupuestos ha puesto a Neera Tanden, presidenta del Center For American Progress, un laboratorio de ideas financiado por los pesos pesados de Silicon Valley, Walmart o el fondo soberano de Emiratos Árabes. Para Comercio suenan varios nombres vinculados a Amazon.

Pese a sus conexiones corporativas, algunos de esos nombres tienen fama de reformistas, y la sensación entre la izquierda es que podría haber sido bastante peor. “La presión progresista ha conseguido prevenir que algunos de los peores nombres se sumaran a la Administración”, ha dicho David Dayen, director del ‘American Prospect’, una de sus revistas de cabecera. Otros piensan que Biden ha hecho bien al no rendirse a la pureza exigida por la izquierda, siempre y cuando acabe imponiendo unos estándares éticos que obliguen a sus cargos a romper todos los vínculos con sus antiguos patrones.

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