Derechos Humanos

El Gobierno de Nicaragua rechaza sanciones internacionales el Día de los DD.HH.

Canadá, Estados Unidos y Europa han multado al país centroamericano por violaciones de los derechos humanos

Daniel Ortega.

Daniel Ortega.

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El Periódico

El Gobierno de Nicaragua rechazó este jueves, en una "reflexión" por el Día de los Derechos Humanos, las sanciones internacionales impuestas a familiares y allegados del presidente Daniel Ortega, así como instituciones y empresas, por países que los señalan de violar los derechos de las personas, según informa EFE.

Más de una veintena de familiares y personas cercanas a Ortega, además de funcionarios, miembros del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y nueve empresas o instituciones ligadas a los sandinistas, han recibido sanciones de Estados Unidos, Canadá, y países europeos, que les atribuyen "actos de corrupción" y "serias violaciones de derechos humanos".

El Gobierno nicaragüense anuncio estar comprometido con todos "los que han padecido y padecen las arbitrarias e injustas medidas violatorias de todos los derechos humanos de personas y pueblos en todo el mundo, llamadas descaradamente sanciones", dijo en una "reflexión", la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, sancionada desde 2018.

En su alocución, la vicepresidenta sostuvo que el levantamiento masivo contra su esposo en 2018, por el que se responsabiliza a Ortega de la muerte de al menos 326 personas, fue una "intervención golpista armada, terrorista y criminal, que impusieron los imperios con un puñado de despreciables sirvientes", a quienes señaló como violadores de los derechos humanos.

Este mismo jueves la Asamblea Nacional (Parlamento), también controlado por el FSLN, realizó un homenaje a los policías que murieron durante las revueltas de 2018, a la vez que la oposición acusaba a los uniformados de ser "el brazo represivo" de Ortega.

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Además de Murillo, también han recibido sanciones tres hijos de Ortega y la vicepresidenta, un consuegro de ambos que también es el director de la Policía, dos presidentes del Consejo Supremo Electoral, el presidente del Parlamento, el jefe de seguridad personal del mandatario, su asesor principal, entre otros.

Desde abril de 2018, Nicaragua permanece una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684, y el Gobierno reconoce 200, a la vez que denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.