Crisis sanitaria global

Regiones y Gobierno central italianos, en pie de guerra por las restricciones

Los dirigentes locales rechazan las duras medidas aprobadas para la Navidad bajo el argumento de que son malas para la economía

El ministro de Sanidad acusa a las regiones de perder el tiempo en verano en lugar de prepararse para la segunda ola

Una mujer pasa frente a un grafiti en el barrio de Trastevere de Roma.

Una mujer pasa frente a un grafiti en el barrio de Trastevere de Roma. / TIZIANA FABI

Rossend Domènech

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Las duras restricciones aprobadas en Italia cara a las Navidades y fin de año han abierto una guerra entre el Gobierno central y los presidentes regionales. "En Navidad no tiene que haber restricciones, porque nos jugamos tres meses de facturación", ha manifestado Giovanni Toti, presidente de Liguria (Génova). "No es justo limitar los movimientos de un pueblo pequeño igual que los de una gran ciudad con millones de habitantes", ha subrayado Luca Zaia, presidente del Véneto (Venecia). Las regiones del norte habían elaborado complejos planes para mantener abiertos los Alpes y las pistas de esquí, pero el Ejecutivo no ha cedido. "La colaboración con el Gobierno (central) ha ido a menos", zanja un documento de las regiones.

"Se habla de esquiar cuando hay 600 muertos por día, no somos un país normal", explotó la pasada semana el microbiólogo Andrea Crisanti, cuando los difuntos no habían rozado aún los casi 1.000 de este jueves, la cifra más alta de fallecidos desde el inicio de la pandemia el pasado 21 de febrero.

Ante el avance del coronavirus, el primer ministro, Giuseppe Conte, firmó el jueves por la noche un nuevo decreto para "evitar el riesgo de una tercera ola que podría llegar ya en enero". En concreto, el texto del Gobierno prohíbe los desplazamientos entre regiones entre el 21 de diciembre y el 6 de enero. El 25 y 26 de diciembre y el 1 de enero también estará prohibido desplazarse entre municipios, y se mantiene el toque de queda entre las 22 y las 5 horas. Conte apeló igualmente a la responsabilidad individual y recomendó no recibir en los domicilios a personas con las que no se conviva.

Retomar el control de la Sanidad

Frente a las continuas querellas regionales, la mayoría que sostiene al Ejecutivo se ha planteado una reforma constitucional para devolver la sanidad al control del Gobierno central. No se llegará al cambio por falta de una mayoría, pero la pandemia ha puesto patas arriba el afán de una mayor autonomía de las regiones, más cercanas y débiles frente a las presiones de la economía real.

En febrero, el coronavirus pilló desprevenido el país, en otoño también, cuando la segunda ola ha producido más defunciones, contagios y colapso de las estructuras sanitarias. Italia ya no es el ejemplo que elogió la Organización Mundial de la Salud, según admiten en voz baja sus mismas autoridades. "En verano se perdió el tiempo y no se organizó la sanidad territorial para afrontar la segunda ola", ha repetido varias veces el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, acusando abiertamente a las regiones.

La aplicación Immuni para trazar a los contagiados de todo el país ha fracasado, no solamente porque solo unos ocho millones de ciudadanos han bajado la aplicación (para ser eficaz debían de haber sido unos 50 millones), sino sobre todo porque los centros de salud regionales no han contado con personal para insertar los códigos anónimos y automáticos que debían informar a un ciudadano sobre los contactos con positivos cruzados por el camino.

Vacaciones sin control

Cuando la segunda ola finalmente llegó, los nuevos respiradores destinados a las ucis del país estaban aún embalados en el almacén nacional. Lo comunicó el comisario para la emergencia, Domenico Arcuri, frente a los reproches de unas regiones que en verano habían abierto puertos y aeropuertos para unas vacaciones sin control. Aquellos respiradores habrían permitido pasar de 5.000 unidades a 10.000. Muchas regiones ni siquiera no los han solicitado. Lo repiten a diario los médicos: "Los presidentes quieren más autonomía para cortar cintas y obtener consensos políticos, pero no están preparados para gestionar una emergencia". A pesar de que la Sanidad transferida represente tres cuartas partes de sus presupuestos.

Cuando el Gobierno decidió introducir la división de la península en colores distintos por región, de acuerdo con 21 parámetros que indicaban la situación pandémica y la capacidad sanitaria de afrontarla, algunas autonomías cambiaron las cifras. En lugar de enviar al Instituto Superior de Sanidad (ISS) el número de camas de uci con respiradores, que no tenían, enviaron el de los pacientes intubados, que eran menos. Lo hicieron para no pasar de color y sufrir más restricciones, como denunció el mismo ISS.

En Lombardía, la pandemia evidenció también que en los últimos 20 años la sanidad pública, en manos de la derecha, ha desmantelado la medicina territorial en beneficio de los hospitales y clínicas privadas. A falta de una asistencia cercana, los enfermos de covid-19 se agolparon (y siguen agolpándose) en los centros sanitarios y los colapsan. La región ha privatizado aproximadamente el 50% de la sanidad y los médicos de familia denuncian que están de brazos cruzados.

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