JUICIO HISTÓRICO

Sarkozy, en el banquillo de los acusados por "corrupción" y "tráfico de influencias"

El expresidente francés se enfrenta a una pena máxima de diez años de prisión y un millón de euros de multa

Su abogado de confianza, Thierry Herzog, y el alto magistrado Gilbert Azibert, acompañan al expresidente en el banquillo

Sarkozy, en el centro de la imagen, junto a su abogada Jacqueline Laffont, a su llegada  al tribunal de París.

Sarkozy, en el centro de la imagen, junto a su abogada Jacqueline Laffont, a su llegada al tribunal de París. / EFE / CHRISTOPHE PETIT TESSON

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Nicolas Sarkozy se sienta este lunes en el banquillo de los acusados del Tribunal de Casación de París procesado por "corrupción" y "tráfico de influencias" en el 'affaire Bismuth'. Por primera vez en la historia judicial francesa, un expresidente se enfrenta a tales imputaciones, cuya pena máxima asciende a diez años de prisión y un millón de euros de multa.  El alto magistrado Gilbert Azibert y el letrado Thierry Herzog, amigo íntimo y abogado del exmandatario, también comparecerán como acusados.

La audiencia comenzó a las 13.30, si bien fue rápidamente suspendida hasta el próximo jueves, dado que Gilbert Azibert no acudió al tribunal por problemas médicos que le impedirían comparecer. El Tribunal de Casación ha solicitado un informe médico para determinar si el acusado se encuentra en condiciones de asistir al proceso judicial. Dicho peritaje deberá ser presentado en un plazo de 48 horas.

El 'affaire Bismuth', conocido como el 'affaire de las escuchas', es un caso dentro de otro caso, una historia digna de un thriller. Todo comenzó a finales de 2013, cuando el Tribunal Judicial de París investigaba la presunta financiación libia de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007. El juez de instrucción, Serge Tournaire, decidió poner bajo escucha al expresidente y descubrió la existencia de dos tarjetas de prepago utilizadas bajo seudónimo entre Sarkozy y su abogado Thierry Herzog. La línea telefónica del expresidente fue abierta con el nombre ficticio de Paul Bismuth.

Las agendas personales de Sarkozy

Lejos de la financiación ilícita ligada al régimen libio, los investigadores descubrieron una nueva trama que afectaba, esta vez, a otro dossier judicial protagonizado también por Sarkozy: el 'affaire Bettencourt', donde se acusaba al exmandatario de "abuso de debilidad" vis-à-vis de la multimillonaria heredera de L’Oréal, Liliane Bettencourt. Si bien la imputación de Sarkozy fue finalmente desestimada, el expresidente tenía una preocupación particular: el paradero y el uso de sus agendas, incautadas en el marco de dicha investigación.

Entonces, Sarkozy reclamó a la justicia recuperar sus agendas para proteger su contenido, que podría ser utilizado en otras investigaciones, en concreto en el procedimiento contra Christine Lagarde, exdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exministra de Economía, en el caso de arbitraje de Bernard Tapie. Es ahí donde el alto magistrado Gilbert Azibert, entonces primer abogado general de la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, entra en escena.

La justicia sospecha que Thierry Herzog, amigo y letrado de Sarzoky, obtuvo información confidencial sobre el recurso de casación de las agendas gracias al magistrado, quién habría accedido a filtrar elementos judiciales a cambio del patrocinio del expresidente para conseguir un puesto en Mónaco. Imputados por "corrupción" y "tráfico de influencias", Gilbert Azibert y Thierry Herzog también son acusados de "violar el secreto de sumario".

Secreto profesional

El trío contesta todas las acusaciones del tribunal. El alto magistrado Gilbert Azibert no consiguió su puesto en Mónaco y Nicolas Sarkozy no recuperó sus agendas, ni habría, a priori, intervenido para respaldar su eventual nombramiento en el principado. Así pues, la justicia no tiene ninguna prueba material del corrupto montaje. Sin embargo, para los magistrados no es necesario "que el pacto corrupto se lleve realmente a cabo" para constituir una infracción: "la mera solicitud o aceptación es suficiente para consumar un delito", estima la resolución judicial.

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En repetidas ocasiones, Sarkozy ha tratado de impugnar las escuchas telefónicas, eje vertebrador de todo el proceso judicial, alegando que se trata de conversaciones confidenciales entre un abogado y su cliente, protegidas por el secreto profesional. Una línea de defensa que será explotada de nuevo por la defensa del expresidente.

El juicio, que durará tres semanas, deberá esclarecer hasta qué punto Sarkozy participó o no en la trama de corrupción. A pesar de la gravedad de los delitos que se le imputan, el exmandatario sigue contando con el respaldo de su familia política. "Apoyamos a nuestro presidente porque creemos que el ensañamiento contra su persona es malo para la democracia. Además, más allá de Nicolas Sarkozy, me preocupa la excesiva judicialización de la vida política francesa", comentó el líder de los diputados conservadores Los Republicanos, Damien Abad, antes de la apertura del histórico juicio.