El complicado puzzle presupuestario de la UE

La negociación y aprobación del marco presupuestario europeo es uno de los ejercicios más complicados al que se enfrentan cada siete años los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Aunque los Veintisiete lograron un acuerdo político a finales de julio, tras una intensa y difícil negociación de cuatro días y cuatro noches, casi cuatro meses después aquel pacto sigue sin cerrarse. A la dificultad habitual que supone casar visiones ideológicas radicalmente diferentes a la hora de elaborar unas cuentas comunes, se han sumado este año dos complicaciones adicionales: el compromiso para crear un mecanismo que condicione el desembolso de las ayudas al respeto del Estado de derecho y la necesidad de aumentar el techo de los recursos propios para financiar un nuevo fondo de recuperación.

Paquete presupuestario de 1,8 billones

Tras 12 rondas de negociación, la presidencia alemana de la UE, que negocia en nombre de los 27 gobiernos, y el Parlamento Europeo cerraron la semana pasada un acuerdo político sobre el nuevo bazuca presupuestario para los próximos siete año: un marco presupuestario de 1,074 billones de euros y un fondo de recuperación de 750.000 millones. Su aprobación requiere, sin embargo, de algunos pasos imprescindibles. En primer lugar, el visto bueno del pleno del Parlamento Europeo -que logró la semana pasada arañar 15.000 millones adicionales para financiar programas prioritarios en educación, innovación o inmigración- y, en segundo, el aprobado por unanimidad de los estados miembros. Un trámite que el veto de Hungría y Polonia este lunes ha paralizado y cuya primera repercusión será previsiblemente el retraso en el desembolso de los fondos de la recuperación, que distintas fuentes europeas sitúan más bien en la segunda mitad de 2021, después del verano. "Todo dependerá de cuándo podamos acudir al mercado", sostiene el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer.

Aumento del techo de recursos propios

Para financiar el nuevo fondo anticrisis -así como el marco presupuestario- la Unión Europea debe aprobar primero la decisión de elevar el techo de recursos propios -al 2% del PIB- que debe permitir a la Comisión Europea endeudarse y emitir deuda con la que financiar el nuevo paquete de reconstrucción. Se trata de una decisión que no solo debe aprobarse en el Consejo por unanimidad sino ratificarse además en los parlamento nacionales y es la segunda gran pieza del puzzle que Hungría y Polonia han puesto en peligro al bloquear su tramitación con el objetivo de presionar al resto de estados miembros para que suavicen los términos del nuevo mecanismo que condicionará el desembolso de las ayudas europeas al respeto del Estado derecho.

Condicionalidad de las ayudas

La gran novedad de este año será la creación de un mecanismo para condicionar las ayudas europeas al respeto del Estado de derecho. Aunque el pacto de julio fue lo suficientemente vago como para que los primeros ministros de Hungría y Polonia, Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki, dieran su brazo a torcer y aceptaran a regañadientes, el acuerdo político alcanzado hace doce días por los negociadores del Parlamento Europeo y la presidencia alemana de la UE no les ha gustado. El mecanismo, que solo requiere de una mayoría cualificada para ser aprobado que ya existe, permitirá suspender el pago de los fondos si se constata una vulneración del estado de derecho por parte de un Estado miembro que afecte o amenace la buena gestión del presupuesto europeo o la protección de los intereses financieros de la UE "de forma suficientemente directa". Tanto Hungría como Polonia, los dos países que tienen abierto un expediente bajo el artículo 7 del Tratado por su deriva autoritaria, temen que Bruselas utilice esta nueva herramienta para castigarles con mayor facilidad.