Represión oficial

Acusan al Gobierno de Nicaragua de impedir la ayuda a los damnificados por Eta

Grupos sociales y defensores de derechos humanos denunciaron acoso policial y paramilitar ante las acciones emprendidas para auxiliar a miles de personas que sufren el azote de este huracán

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Organizaciones sociales, movimientos opositores y defensores de los derechos humanos, denunciaron que el Gobierno de Nicaragua impidió el acopio de ayuda humanitaria para los damnificados del huracán Eta, que azotó el Caribe nicaragüense como un ciclón de categoría 4.

Las denuncias fueron hechas por organizaciones que habían convocado a acciones de ayuda, después de llamados de pobladores que necesitan alimentos, colchonetas, mascarillas, agua y medicinas en la zona donde Eta impactó con categoría 4 escala Saffir-Simpson (de un máximo de 5), en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN), la más pobre y aislada de Nicaragua.

"Una vez más, ante las acciones de solidaridad del pueblo organizado, el régimen Ortega Murillo responde con asedio e intimidación utilizando las fuerzas policiales y parapoliciales (..., estas fuerzas represivas impidieron el acceso a la sede (en Managua) del personal médico y administrativo", denunció la Unidad Médica Nicaragüense en una declaración.

Impiden la ayuda

Por su lado, la integrante del consejo político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Tamara Dávila, hizo una denuncia similar.

"Una vez más el régimen de Ortega Murillo se ensaña en contra de la población nicaragüense. En esta ocasión contra pobladores de la costa Caribe norte de Nicaragua que, ante la entrada del huracán Eta a esa zona, han buscado refugio entre ellos por la ausencia de respuesta de la dictadura", señaló Dávila.

Esta mañana el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) informó que Eta impactó en una zona donde viven más de 400.000 personas, la mayoría en comunidades dispersas, mismas donde se reportó mayor destrucción y necesidades de asistencia humanitaria.

Acciones humanitarias

El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) dijo conocer que la Policía obstaculiza las labores de recaudación de víveres en distintas ciudades del país. "El Cenidh condena que el régimen Ortega Murillo impida acciones humanitarias en beneficio de los afectados por el huracán Eta", agregó.

Esta mañana el Gobierno nicaragüense sostuvo que antes del impacto de Eta, situó a más de 30.000 personas en lugares seguros, admitió daños materiales, y no hizo referencia a los dos muertos como producto de un derrumbe horas después del ingreso del huracán en el interior del país.

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), se solidarizó con los nicaragüenses y destacó que "brindar información transparente, garantizar participación ciudadana y no dejar a nadie atrás, es esencial para afrontar los efectos" dejados por Eta.

Acoso policial

Los Clubes Leo y Clubes de Leones del sureste de Nicaragua, dedicados a la asistencia social, emitieron un comunicado en el que informaron que "por razones ajenas a nuestra voluntad nos vemos tristemente obligados a suspender nuestra actividad de sumarnos a la gran recolecta nacional para brindar ayuda humanitaria a todos los damnificados por el huracán Eta".

En la Región Autónoma Caribe Sur (RACS), con costumbres y características similares a la RACN, las radioemisoras "Juvenil" y "Siempre" se vieron obligadas a suspender actividades de recolección de ayuda "por acoso" de agentes policiales, según denunciaron sus trabajadores.

"Además de mostrar una terrible ineficiencia en el manejo de la crisis provocada por el huracán, la dictadura está boicoteando la solidaridad entre los nicaragüenses que queremos dar a hermanos que están sufriendo por el desastre natural. Este es un nuevo tipo de represión, es el colmo de su falta de humanismo", criticó la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

La controversia por la ayuda humanitaria se enmarca en una crisis sociopolítica que tiene enfrentados a una parte de los nicaragüenses con el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes culpan por la muerte de cientos de opositores en los últimos dos años y medio, la mayoría jóvenes.