El fondo de recuperación de la UE supera uno de sus principales escollos

El camino del fondo de recuperación y del nuevo presupuesto plurianual de la UE para el período 2021-2027, que conjuntamente suman 1,8 billones de euros, empieza a despejarse. Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han llegado este jueves a un acuerdo político sobre el nuevo mecanismo que una vez en marcha permitirá vincular el desembolso de los fondos europeos con el respeto de los valores europeos y los principios del Estado de derecho, uno de los grandes obstáculos en la negociación presupuestaria.

"Es un hito importante en nuestros esfuerzos por finalizar el presupuesto plurianual de la UE y el plan de recuperación. El nuevo mecanismo de condicionalidad reforzará la protección del presupuesto de la UE cuando las infracciones de los principios del Estado de derecho lleven a un mal uso de los fondos europeos", ha destacado el embajador permanente de Alemania de la UE y negociador del Consejo, Michael Clauss. "Con la segunda oleada de la pandemia golpeando duro a los estados miembros no hay tiempo que perder", ha insistido.

La misma satisfacción han expresado los negociadores del Parlamento Europeo, el conservador finlandés Petri Sarvamaa y la socialista española Eider Gardiazabal que considera una "gran noticia" que por primera vez haya un mecanismo garantice que los principios de la UE se cumplan y que haya sido posible negociarlo en apenas dos meses. El instrumento permitirá a la UE suspender el pago de fondos cuando haya una vulneración del Estado de derecho que afecte o que amenace la buena gestión del presupuesto europeo o la protección de los intereses financieros de la UE "de forma suficientemente directa". 

Ámbito cubierto

Tal y como quería la Eurocámara, el acuerdo incluye un ámbito de aplicación más amplio del inicialmente previsto por los gobiernos al incluir "no solo los valores fundamentales recogidos en el artículo 2 del Tratado de la UE sino también los ataques a la independencia judicial y el fraude fiscal", ha destacado Gardiazabal. "No hemos comprometido los valores. Hemos logrado que el Estado de derecho sea visto en el contexto de todos los valores inscritos en el tratado. Todas las violaciones del Estado de derecho estarán cubiertas: desde violaciones individuales hasta sistémicas o recurrentes y para las que no existía ningún mecanismo hasta ahora", ha destacado el finlandés en relación a vulneraciones como la libertad, la democracia, la igualdad o el respeto de los derechos de las minorías. 

El pacto, que se aplica tanto el presupuesto como al nuevo fondo que debe reactivar las economías de los países miembros de la crisis provocada por el coronavirs, reduce también los plazos que tendrán las instituciones europeas para adoptar medidas contra un Estado miembro si se identifica un riesgo de vulneración del estado de derecho. Frente a los 12 o 13 meses inicialmente propuestos por el Consejo, el acuerdo establece un máximo de entre 7 y 9 meses. Tal y como estaba previsto será la Comisión Europea, una vez establecida la existencia de una vulneración, la responsable de proponer la activación del mecanismo contra un Estado miembros. El Consejo tendrá un mes para adoptar la propuesta -o tres meses en casos excepcionales- que tendrá que ser adoptada por mayoría cualificada. 

Hungría critica el pacto

El siguiente paso ahora será que tanto el pleno del Parlamento Europeo como los Veintisiete den su aprobado final a un mecanismo que disgusta profundamente en países como Polonia o Hungría que temen perder fondos por esta vía. "Una vez más el Parlamento Europeo es parte del problema no de la solución. Al menos no debería participar en el habitual chantaje político-ideológico de los estados miembros, incluida Hungría", ha arremetido el portavoz del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Aunque la capacidad de veto de Hungría es nula -la propuesta puede ser aprobada por mayoría cualificada- Budapest sí puede bloquear otro elemento vital para que pueda entrar en funcionamiento el fondo de recuperación como es la ratificación del techo de gasto, necesario para que la Comisión Europea acuda a los mercados a emitir deuda con la que financiar el nuevo plan, y que debe ser aprobado por unanimidad.