Ortega ratifica nueva ley que amenaza la libertad de prensa en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sancionó la controvertida Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como "Ley bozal", que según el gremio periodístico independiente, amenaza la libertad de prensa, "criminaliza" al periodismo de investigación, y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.

Ortega mandó a publicar los 48 artículos que componen esa ley en el Diario Oficial, La Gaceta, y la misma entrará en vigencia dentro de 60 días, es decir el próximo 30 de diciembre, según el texto.

El martes pasado, la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó esa ley que plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

Poder sobre la prensa

La ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la "seguridad del Estado".

También otorga poder al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para ordenar a cualquier empresa, asociación, medio de comunicación o entidad, mantener "congelada" hasta por tres meses la base de datos de sus sistemas informáticos, los cuales estarán accesibles para el personal del ente regulador, la Policía y la Fiscalía que podrán intervenir e incautar los equipos en caso de ciberdelitos.

La ley perseguirá a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicios al público, así como a bancos, aseguradoras y el resto del sistema financiero.

Atacar a periodistas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha pedido al Estado nicaragüense dejar sin efecto esa ley bajo el argumento de que esa norma, junto a la ley de agentes extranjeros, "forman parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, a las ONG y atacar libertades públicas en Nicaragua".

Según la CIDH, la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros, "agravan la crisis" de derechos humanos en Nicaragua "e institucionalizan el cierre de los espacios cívicos que ya se venían denunciando" desde abril de 2018, cuando estallaron unas protestas por unas impopulares reformas a la seguridad social y que fueron silenciadas a la fuerza por el Ejecutivo.

La norma ha sido bautizada por la prensa no oficial como "Ley Mordaza" o "Ley Bozal" porque consideran fue preparada para afectar únicamente a los medios tradicionales y alternativos, así como a los usuarios de redes sociales críticos con el Gobierno.

Atenta contra la libertad de expresión

También porque consideran que atenta contra la libertad de prensa y de expresión, que persigue controlar la información en medios digitales y redes sociales, y castigar con la cárcel a quienes publiquen lo que las autoridades consideren "noticias falsas".

El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) ha dicho que recurrirán por inconstitucionalidad contra esa ley y que luego entablarán "un juicio internacional en contra del régimen de Daniel Ortega".

El denominado Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua ha rechazado esa ley bajo el argumento que persigue censurar y amenazar a periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general.