26 oct 2020

Ir a contenido

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

La policía registra la casa del exprimer ministro francés, investigado por su gestión de la epidemia

Además del domicilio de Édouard Philippe, los gendarmes también han entrado en la vivienda del actual ministro de Sanidad, Oliver Véran, y en el de su antecesora, Agnès Buzyn

El pasado mes de julio, la Corte de la República abrió una investigación por "abstención de combatir un daño" contra de varios miembros del Ejecutivo

Irene Casado Sánchez

El exprimer ministro francés, Edouard Philippe.

El exprimer ministro francés, Edouard Philippe. / REUTERS / CHRISTIAN HERTMANN

La investigación judicial sobre la gestión de la crisis sanitaria por las autoridades políticas y sanitarias francesas se tradujo la mañana de este jueves en acciones concretas. Los domicilios del ministro de Sanidad, Oliver Véran, de su antecesora, Agnès Buzyn, del director general de Sanidad, Jérôme Salomon, y del exprimer ministro, Édouard Philippe, fueron registrados por los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Daños Ambientales y de Salud Pública (OCLAESP).

El pasado mes de julio, la Corte de la República (CJR) [el único órgano competente en Francia para juzgar los actos cometidos por los miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones] abrió una investigación por un posible caso de “abstención de combatir un daño” [delito penado con hasta dos años de cárcel]. El tribunal recibió más de 90 denuncias contra varios miembros del Ejecutivo por su supuesta mala gestión de la crisis sanitaria. Sólo nueve fueron retenidas por la corte republicana, encargada de crear una comisión de investigación centrada en la responsabilidad del exprimer ministro y de los dos ministros de Sanidad, Véran y Buzyn, principales responsables de la gestión de la epidemia.

“Puesta en peligro de la vida ajena”, “homicidio involuntario” o “falta de asistencia a una persona en peligro”, fueron algunos de los argumentos inscritos en las denuncias presentadas a mediados de marzo, cuando la epidemia golpeaba con fuerza al sistema sanitario francés y la estrategia gubernamental, cercana a la improvisación, era casi inexistente.

Incoherencia e inacción

Las comparecencias de la acusación comenzaron el pasado mes de septiembre. Representantes del colectivo de personal sanitario C19 denunciaron ante el tribunal “la incoherencia de las medidas” decretadas por las altas esferas del Estado y “la falta de aplicación de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” en plena pandemia.

Por aquel entonces, el abogado de los tres médicos del colectivo, Fabrice di Vizio, aplaudió una investigación judicial que “por primera vez en la historia […] va a examinar la cuestión de la responsabilidad penal de los ministros no después de la crisis, sino mientras la crisis sigue en curso”. “Esperamos que estos testimonios puedan ayudar a la Corte de la República a comprender la verdad: ahora sabemos que Agnès Buzyn y Édouard Philippe fueron informados a tiempo sobre la situación sanitaria en China y su posible impacto en Francia. Hoy es importante saber por qué no tomaron medidas para prevenir lo que se convertiría en un desastre sanitario, económico y social", explicó el letrado al periódico semanal ‘Le Journal du Dimanche’ (LJDD). 

La gestión de la segunda ola, otra polémica

El objetivo de las pesquisas realizadas a primera hora de este jueves en los domicilios y oficinas de los miembros y exmiembros del Gobierno de Macron, no es otro que recopilar pruebas sobre su controvertida gestión de la crisis sanitaria, indicios indispensables para evaluar su estrategia y su responsabilidad en la degradación de la situación sanitaria.

La gestión de la segunda ola de covid-19 tampoco está exenta de polémica. El pasado 17 de septiembre, el colectivo Víctimas Coronavirus Francia presentó una nueva denuncia ante la Corte de Justicia de la República, esta vez contra el actual primer ministro, Jean Castex, alegando que el Gobierno “navega a ciegas” frente a la epidemia.

Sin duda, el descontento, la resignación y la polémica marcarán la jornada de este jueves. La vasta operación policial llega en un momento especialmente sensible, cuando más de 20 millones de franceses afectados por el toque de queda [desde las 21 horas a las 6 de la mañana, a partir del sábado] anunciado anoche por el presidente francés, asimilan todavía la nueva restricción que acabará con todo encuentro festivo o familiar en la esfera privada en París y en ocho metrópolis más, durante, al menos, cuatro semanas. Restricción que muchos consideran ya inútil e incoherente: los franceses cogerán el metro, atiborrado de gente, para ir a trabajar, para asistir a clase, o a la universidad -donde se encuentran los principales focos de contagio-, pero no podrán poner un pie en la calle a partir de las nueve de la noche.

Excepciones de "sentido común"

El primer ministro, Jean Castex, fue el encargado de ofrecer este jueves más detalles sobre el inminente toque de queda. Según el jefe del Ejecutivo, la medida irá acompañada de excepciones de “sentido común”: será posible acudir a un hospital o a una farmacia, ir y volver al trabajo, pasear a su mascota, visitar a un familiar dependiente, e ir y regresar de un aeropuerto o estación de tren. En cada uno de estos casos, será necesario completar un formulario específico para salir durante las horas vedadas. 12.000 policías y gendarmes serán desplegados para velar por el cumplimiento de la restricción en las zonas afectadas, quienes violen la normativa se enfrentarán a una multa de 135 euros.

Ante la degradación de la crisis sanitaria en los últimos días, el primer ministro aseguró que “frenar los contagios” -en concreto en la esfera privada- es la única forma de evitar que la situación continúe empeorando, objetivo que justificaría el toque de queda en las zonas donde la covid-19 circula con más virulencia.

En este contexto, los bares y gimnasios en las zonas de “urgencia máxima”continuarán cerrados hasta nueva orden. Las salas de fiesta de todo el país se verán obligadas a echar el cierre durante seis semanas, una medida que afecta a las fiestas privadas o bodas, prohibidas durante el mismo periodo.