Política migratoria

La UE frente a la inmigración: más expulsiones y sin cuotas obligatorias

La Comisión Europea plantea un mecanismo de solidaridad flexible y a la carta, acelerar la expulsión de inmigrantes irregulares y reforzar el control en las fronteras exteriores

Inmigrantes sobreviven en un edificio inhabitado de la isla griega de Lesbos tras el incendio del campo de Moria.

Inmigrantes sobreviven en un edificio inhabitado de la isla griega de Lesbos tras el incendio del campo de Moria. / PETROS GIANNAKOURIS (AP)

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Silvia Martinez

La última propuesta sobre asilo e inmigración, con reparto obligatorio de refugiados, generó una profunda división política en la Unión Europea de la que el club no se ha repuesto. El sistema migratorio no funciona y los Veintisiete han sido incapaces de recomponerlo durante estos últimos cinco años tal y como evidencia la reciente tragedia en el campo de refugiados de Moria (Grecia). Para superar este impasse, lComisión Europea ha propuesto un nuevo pacto migratorio que propone agilizar los trámites de asilo y las expulsiones de inmigrantes en situación irregular y que plantea un nuevo mecanismo de solidaridad a la carta, sin las polémicas cuotas, para evitar que el plan se estrelle de nuevo contra las resistencias de países como Hungría o Polonia, absolutamente reacios a acoger refugiados.

"Lo que estamos proponiendo hoy es una solución europea, reconstruir la confianza entre los estados miembros y restaurar la confianza de los ciudadanos en nuestra capacidad de gestionar la inmigración como una unión. La UE ha probado en otras áreas que puede dar pasos para reconciliar perspectivas divergentes" y es hora de responder al desafío de gestionar conjuntamente la inmigración, con un equilibrio adecuado entre solidaridad y responsabilidad”, ha defendido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la presentación de la docena de propuestas que incluye el pacto.

Un equilibrio que tendrán que encontrar ahora gobiernos y Parlamento Europeo en la negociación que arrancará en las próximas semanas, que se augura muy complicada y que ya ha recibido las primeras críticas de grupos políticos como los Verdes y la Izquierda Europea y de organizaciones no gubernamentales como Cáritas y Oxfam. "Es inaceptable que la nueva caja de solidaridad dé a los estados miembros la opción de evitar la reubicación facilitando el retorno de inmigrantes", ha lamentado María Nyman,  secretaria general de Cáritas Europa, quien teme un aumento de las "devoluciones en caliente".

Objetivo: aumentar las expulsiones

Bruselas propone construir el nuevo equilibrio a partir de un control más estricto en las fronteras exteriores, con una agencia Frontex con más medios y poderes, y procedimientos más efectivos y rápidos para determinar quién puede quedarse en el continente europeo y quién debe ser expulsado. Según el nuevo plan, todas las personas que lleguen sin autorización, ya sean rescatadas en alta mar, pidan protección internacional o sean detenidos dentro del territorio tras eludir los controles en las fronteras exteriores, serán objeto de un examen acelerado -sanitario y de seguridad, incluida la toma de huellas y el registro en la base de Eurodac- en un plazo máximo de cinco días para determinar su identidad y si constituyen una amenaza para la seguridad o salud pública. 

La idea es comprobar de forma rápida quién tiene posibilidades de acceder al asilo y quién debe ser expulsado en un proceso que no deberá exceder las 12 semanas para evitar que permanezcan meses "en el limbo" europeo aunque en períodos de crisis puede prolongarse ocho semanas más. El nuevo mecanismo también establece una jerarquía de criterios para determinar si otro estado miembro distinto al de entrada puede ser responsable de examinar la solicitud de asilo. 

Además, para incentivar la aceptación por parte de los países terceros o de tránsito de sus nacionales, Bruselas propone negociar acuerdos a medida, utilizando como moneda de cambio la ayuda al desarrollo, la política de visados de trabajo o estudio, así como otras ventajas económicas y comerciales. Actualmente la UE tiene firmados 24 acuerdos de readmisión de inmigrantes pero "no todos funcionan", admiten. "Estamos dispuestos a abrir los brazos a quien tenga derecho a estudiar o trabajar aquí en la unión pero aquellos que carecen del derecho deben regresar al lugar de origen", ha avisado la comisaria de Interior, Ylva Johansson

Solidaridad a la carta

El segundo gran pilar del plan es la creación de un mecanismo de solidaridad permanente que se activará en caso de crisis o presión migratoria y al que todos los estados miembros, "sin excepciones", tendrán que contribuir. No habrá cuotas de asilo ni la reubicación será obligatoria. Bruselas renuncia a esta fórmula para evitar que los países de Visegrado -Hungría, Polonia, República checa y Eslovaquia- y otros estados miembros reacios a acoger inmigrantes veten el plan. "Todas las preocupaciones merecen ser reconocidas y tratadas y eso es justamente lo que estamos haciendo hoy. Hemos aprendido las lecciones del 2016. Las heridas y el fracaso de la UE para fomentar un acuerdo está muy presente en nuestras mentes y por eso tenemos que empezar con todo el mundo a bordo", ha justificado el vicepresidente Margaritis Schinas sobre el cambio de tercio.

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A cambio de esta importante concesión, Bruselas propone lo que denomina "contribuciones flexibles". Esto significa que los estados miembros podrán negarse a acoger refugiados -los que sí lo hagan recibirán 10.000 euros por persona acogida del presupuesto de la UE- pero tendrán que ser solidarios de otra forma, asumiendo la responsabilidad en la expulsión de inmigrantes irregulares sin derecho a permanecer en la UE o dando apoyo operativo, logístico y económico para financiar centros de recepción.

"Se podrá elegir patrocinar los retornos porque necesitamos las dos cosas", ha explicado Johansson sobre la nueva opción que responsabilizará a los estados miembros patrocinadores de llevar a buen puerto la expulsión y a acogerlos en su territorio si al final no realizan la deportación en un plazo de ocho meses (cuatro en situación de crisis). El instrumento contempla varios escenarios y un mecanismo de corrección en caso de que las contribuciones no sean suficientes y en el que Bruselas tendrá la última palabra. Con esta fórmula, esperan de paso solucionar otra de las grandes lagunas de la política migratoria europea como es la expulsión de los inmigrantes simpapeles. En el 2019, por ejemplo, se notificaron casi 500.000 órdenes de expulsión pero fueron retornadas unas 142.000 personas, el 29% de las que recibieron la decisión.