26 oct 2020

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Crisis institucional

Congreso de Perú admite debatir la destitución del presidente Vizcarra

La votación en el pleno del Parlamento obtuvo 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones pero se necesitan 83 votos para destituirlo

Vizcarra ha ocupado la presidencia después de que Pedro Pablo Kuczynski dimitiera para no ser juzgado por el Congreso

Abel Gilbert

Vizcarra a un paso de ser vacado.

Vizcarra a un paso de ser vacado. / Reuters

En lo que parece una costumbre de los últimos años, Perú se encamina a una nueva crisis institucional. El Congreso aceptó debatir el viernes venidero la destitución o vacancia del presidente provisional, Martín Vizcarra, por presunta incapacidad moral. Vizcarra llegó al Ejecutivo en 2018 cuando Pedro Pablo Kuczynski abandonó el cargo para evitar ser juzgado por el Parlamento y, también, por presunta corrupción. Ahora Vizcarra, quien había asumido con la promesa de promover una cruzada moral en un país donde todos los jefes de Estado desde comienzos de siglo XXI enfrentaron diferentes procesos judiciales, prueba la misma medicina de sus antecesores. "Son patrañas", ha dicho el mandatario interino sobre las acusaciones en su contra. 

El Congreso ha tomado cartas en el asunto a raíz de tres audios difundidos el jueves en los que se escucha las coordinaciones de Vizcarra con sus asistentes para deslindar su aparente cercanía con el cantante Richard Swing, beneficiado con contratos menores con el Estado para los que, se ha dicho, no estaba calificado. El camino de la vacancia o la destitución se ha abierto con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. El próximo 18 de setiembre,  Vizcarra o su abogado podrán hacer sus descargos. La suerte del mandatario, señaló el diario limeño El Comercio, dependerá de que las bancadas que votaron a favor del proceso se mantengan firme y sumen las 18 adhesiones que faltan para dar por finalizado el actual ciclo presidencial. 

"Nunca ha negado conocer al señor Richard Swing, pero no he intervenido en el proceso de contratación", aseveró Vizcarra, aunque reconoció que las conversaciones que se han filtrado parcialmente fueron coordinaciones internas realizadas en el interior de Palacio de Gobierno. Sin embargo, consideró que las grabaciones han sido editadas y algunas frases fueron "sacadas de contexto" para cusarlo de "situaciones inexistentes".  Alianza para el Progreso, Unión por el Perú y Podemos Perú apoyaron en bloque la moción en su contra. Una facción de Acción Popular los acompañó. Durante el debate, el legislador opositor Omar Chehade, quien se desempeñó como vicepresidente de Ollanta Humala, consideró que los audios dados a conocer revelan la existencia "una organización criminal". Por su parte, la legisladora Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, sostuvo que "en los indicios difundidos hay hechos que podrían constituir delitos", añadió.

LLamado de alerta

El exvicepresidente Raúl Diez Canseco advirtió sobre las consecuencias institucionales de una eventual vacancia. "No es lo que el país necesita", dijo, en alusión a la crisis sanitaria derivada de una pandemia ha provocado casi 31.000 muertes y 710.000 casos positivos.  "Por eso a todos los parlamentarios les pedimos que en estas horas difíciles actúen a la altura de las circunstancias".

El diario La República señaló en su editorial que el juicio contra Vizcarra es una "puesta en escena" llevada a cabo con "calculada espectacularidad" e incumpliendo "las prácticas parlamentarias del control político". De acuerdo con la publicación "las evidencias no fueron presentadas en una sesión de la Comisión de Fiscalización, encargada de la investigación del llamado caso Swing; y en cambio exhibió con rapidez su naturaleza de operación planificada". La República recordó que "a la cabeza de la operación" se encuentran el cuestionado congresista Edgar Alarcón, quien fue destituído de la Contraloría de La República por corrupción, y el actual presidente del Congreso, Manuel Merino, principal beneficiario de una posible vacancia presidencial.

Un historial de crisis

Perú no conoce la calma institucional desde la huída del dictador Alberto Fujimori a fines del año 2000. Salvo la breve presidencia interina de Valentín Paniagua, todos los presidentes que lo sucedieron han estado involucrado en presuntas actividades ilegales. Alejandro Toledo, quien asumió en 2001 con la bandera de la transparencia, se encuentra detenido en California, Estados Unidos, y a la espera de ser extraditado a su país por el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Alan García, cuya segunda presidencia se extendió entre 20006 y 2011, se sucidió el año pasado para evitar ser arestado por la policía en el marco de una causa por corrupción. Humala (2011-2016) también conoció la cárcel al abandonar el poder por el dinero que aportó Odebrecht de manera irregular para su campaña electoral.  Kuczynski tuvo que dimitir por la sombra de Odebrecht.

Vizcarra no quiere ser parte de esa lista vergonzante y asegura ser objeto de una conspiración. "Poco les importa a algunos sectores sumir al país en una crisis aún mayor". Perú debe realizar elecciones generales en julio de 2021.

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