SENTENCIA
La Audiencia Nacional condena con 133 años de cárcel la matanza de jesuitas en El Salvador
Concentración en memoria de Ignacio Ellacuría en la Universidad Centroamericana de El Salvador, en el 2014 / REUTERS / JOSE CABEZAS
Por qué confiar en El Periódico La Audiencia Nacional española ha condenado a 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera coronel y viceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Orlando Montano por el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Elllacuría, la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). El juicio comenzó en España el pasado mes de junio, 30 años después del crimen.
La Sección Segunda de lo Penal ha declarado a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista (los de los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo) y por cada uno de ellos le impone 26 años y 8 meses de prisión. El tribunal ha precisado que estará en la cárcel un máximo de 30 años. Montano lleva en prisión provisional desde 2017.
Los magistrados también le consideran autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, pero no pueden condenarle por ellos al no conceder EEUU su extradición por las víctimas que no eran españolas.
La Tandona
La resolución de la Audiencia describe el conflicto armado que se vivía en El Salvador entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). El acusado formaba parte de la promoción de 1966 de la Academia Militar de Oficiales del Ejército Salvadoreño, conocida como 'la Tandona', cuyos oficiales esperaban gobernar el país. Montano era miembro de su "círculo íntimo" de poder.
El padre Ellacuría, como rector de la Universidad Centroamericana, era uno de los analistas políticos más importantes del país e insistía en la idea de que no sería posible una victoria militar ni de las fuerzas armadas ni del FMLN. Abogaba por la depuración del Ejército, lo que le granjeó la enemistad de la extrema derecha, y de los militares de 'la Tandona', que decidieron asesinarle en una reunión en la que participó Montano.
El crimen
La noche del 15 al 16 de noviembre, el coronel Rene Yusshy, que declaró como testigo ante el tribunal, facilitó a los soldados un fusil AK 47 de fabricación rusa que usaba habitualmente el FMLN para simular su autoría, y les ordenó que aparentaran una confrontación militar después de matar a los sacerdotes.
Los oficiales ordenaron a los jesuítas tirarse al suelo, y el que llevaba el AK 47 disparó a Ellacuría, Baró y Montes. Después mataron a los otros tres sacerdotes y dispararon contra la cocinera y su hija mientras ambas se abrazaban "hasta acabar con ellas y prácticamente partirlas por la mitad". Para simular que había sido el FLMN, un teniente pintó en una pared: "EL FLMN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o muerte, FMLN".
El Salvador celebró una vista por estos hechos que el Tribunal Supremo de España declaró que más que asegurarse del castigo y persecución de los responsables de la matanza, pretendía su sustracción a la Justicia y se realizó sin garantía de independencia e imparcialidad.
Terrorismo de Estado
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Andreu, explica que los hechos son competencia de la jurisdicción española porque se trata de asesinatos terroristas cometidos contra víctimas españolas, perpetrados desde los propios aparatos del Estado, "lo que comúnmente viene a denominarse como 'terrorismo desde el Estado' que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder, como en el presente caso, en el seno del alto mando de las fuerzas Armadas, al que pertenecía el acusado, Inocente Orlando Montano".
En él "se adoptó la decisión de, arrogándose ilegal e ilegítimamente el monopolio de la violencia que corresponde al Estado, y con el único fin de crear terror en la población y alterar gravemente la paz pública", así como "perpetuarse en sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder en El Salvador", cometer los crímenes gracias al "poder de los medios que le suministra el Estado".
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