Una protesta policial suma más tensión política en Argentina

En medio de la creciente preocupación por el avance del covid-19, con más de medio millón de contagios y unos 10.500 muertos, Argentina sufre un nuevo foco de tensión. Un sector de la policía de la provincia de Buenos Aires, la más importante de este país, ha iniciado una protesta que, en principio, es por razones salariales. Pero el trasfondo político de la medida de fuerza es inocultable, al punto de que ha contado con la simpatía de la oposición de derechas al Gobierno peronista.

Esta noche se llevó a cabo una tímida cacerolada en la capital para respaldar a los policías. Una persona fue arrestada por haber arrojado una bomba molotov contra uno de los muros de la residencia presidencial. El jefe de Estado, Alberto Fernández, se encontraba en su interior.

La protesta, que tiene como otro trasfondo los efectos de una crisis económica agravada por la pandemia,  la llevan a cabo policías en activo e integrantes de esa fuerza que había sido exonerada por haber cometido actos de corrupción. La policía provincial es conocida como "la bonaerense" y, también como la "maldita policía". Los actos ilícitos al interior de esa institución se han vuelto una costumbre. Oficiales y suboficiales suelen ser relacionados con el mundo del narcotráfico y la prostitución, el negocio del robo de automóviles y el juego clandestino, el contrabando y otras fuentes de recaudación al margen de la ley.

Las razones de la protesta

En Argentina no existen los sindicatos de policías. Las actuales autoridades reconocen que los salarios se encuentran muy por debajo de lo que debe ganar un uniformado.  Un agente que patrulla las calles de zonas a veces marcadas por el peligro percibe al mes unos 250 euros. Debido al confinamiento y la ausencia de espectáculos deportivos, musicales y el cierre de los centros comerciales, los policías dejaron de percibir sumas adicionales.  El Gobierno bonaerense prepara una "mejora importante", según se anunció.

Fuentes cercanas al gobernador provincial, Axel Kicilof, un joven cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sospechan que los sectores más intransigentes de la oposición buscan capitalizar el conflicto policial junto a los oficiales más cercanos a la anterior administración del presidente Mauricio Macri. De hecho, una de sus funcionarias en el Ministerio de Seguridad, Florencia Arietto, anticipó la protesta en las redes sociales el pasado domingo.

El Gobierno peronista teme que la protesta se expanda al interior del país o que se sume otra fuerza de seguridad, como la Gendarmería (policía fronteriza). Un hombre que se identificó como el “Capitán Díaz” pidió a las autoridades no solo que se atiendan los reclamos. "No queremos a nadie sancionado", dijo. A su vez, reclamó la dimisión del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, un médico y exmilitar con aspiraciones presidenciales.