Brasil endurece el aborto días después del caso de la menor violada de 10 años

Durante la primera mitad de 2020, al menos 642 brasileñas de 10 a 14 años fueron ingresadas en un hospital para abortar, ya sea por decisión médica o legal, o por complicaciones del embarazo. Pero esas cifras no le dicen demasiado al Gobierno de ultraderecha. Por presión de la bancada parlamentaria evangelista, el presidente Jair Bolsonaro ordenó que se endurezcan los requisitos para las víctimas de violación que deseen interrumpir su gestación. En adelante, el personal médico debe decirle a la mujer que puede ver el embrión o el feto a través de un ultrasonido. La medida se conoce días después de la tensión vivida en el gigante suramericano por el caso de la menor de 10 años que había sido violada por su tío sistemáticamente y  gracias a un fallo judicial rechazado por los conservadores, logró que se le concediera su derecho a interrumpir el proceso de gestación. 

El diputado federal y exministro de Salud, Alexandre Padilha, presentó de inmediato un proyecto de supresión de los efectos de la orden emitida por el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, un general sin experiencia en la materia que cumple a rajatabla los pedidos del presidente Jair Bolsonaro. En medio de la crisis de muertes por covid-19, que esta semana se situaron cerca de las 120.000, Pazuello estampó su firma en la nueva normativa según la cual es la policía la que debe aportar a los médicos "un relato detallado" de la violación y su víctima, a la vez, debe ser "advertida expresamente" que puede ser procesada por fraude y aborto ilegal si no puede probar su denuncia. De acuerdo con Padilha, quien se desempeñó al frente de la cartera de Salud durante la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva, el paso dado por las actuales autoridades no hace más que "criminalizar a la mujer embarazada" en contra de "las recomendaciones internacionales". 

Dieciséis legisladores de la cámara baja, entre ellos Feghali, escribieron luego una carta a la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, instándola a intervenir contra el decreto como un asunto de protección a los derechos de la mujer. 

Una sociedad movilizada

Brasil sólo permite el aborto en casos de violación, peligro para la vida de la mujer o anencefalia por defectos congénitos graves. El caso de la menor violada por su tío provocó movilizaciones y controversias a lo largo del país.  "Afortunadamente, las manifestaciones humanistas y solidarias fueron mayoritarias", señalaron Silvia Pimentel y Alice Bianchini en un artículo publicado por el diario paulista Folha. "Contrariamente a lo dispuesto en el Código Penal y las recomendaciones internacionales, la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, lamentablemente, declaró que la niña debe llevar el embarazo a término y llamó irresponsables a las autoridades legales y sanitarias que lo autorizaron. Estas posiciones produjeron una escena surrealista. A mediados del siglo XXI, asistimos a las disposiciones establecidas en un Código Penal que cumple 80 años, siendo cuestionadas e irrespetadas a partir de una ideología religiosa neoconservadora que, desde hace algunos años, ha tratado de obstaculizar, en las Américas y en otros contextos, la igualdad de género, especialmente en lo que se trata de la autonomía reproductiva de mujeres y niñas".

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"Principios bíblicos"

Alves es una pastora evangelista que sufrió una violación también durante su niñez, no pudo explicar las razones de haber reducido a la mitad el presupuesto del Programa de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Amenazados de Muerte (PPCAAM) en Espírito Santo, la ciudad donde tuvo lugar el episodio que conmocionó a parte de la sociedad.  A la vez, el Gobierno de Bolsonaro tiene otros dos ministros que responden a las iglesias pentecostales. Uno de ellos, el titular de Educación, Milton Ribeiro, se decidió, al calor de los debates relacionados con la menor violada,  acelerar las reformas en su área e introducir los "principios bíblicos" en la enseñanza. Mientras el general Pazuello firmaba su orden, Inez Augusto Borges era nombrada asesora especial del ministro Ribeiro. "Estamos experimentando una crisis mundial de autoridad, una crisis mundial en relación al Gobierno, y necesitamos entender qué es el Reino de Dios", dijo.