Derechos humanos
Denuncian cientos de asesinatos de líderes sociales en Colombia
Organizaciones civiles reportan que casi 1.000 dirigentes de movimientos populares han sido asesinados tras el desarme de las FARC
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Por qué confiar en El Periódico Casi 1.000 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados, tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre la antigua guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano, según un informe divulgado por tres organizaciones civiles del país.
"Desde que se suscribió el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las FARC–EP hasta el 15 de julio de 2020, 971 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en Colombia", detalla el documento.
La Cumbre Agraria, Étnica y Popular, la fundación Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y el movimiento de izquierdas Marcha Patriótica al informar de esa cifra exigieron hoy al Gobierno fortalecer las medidas para proteger a los líderes y no minimizar la situación de los mismos.
Conflictos por tierras
"Hay que ir hasta el fondo del problema para no solamente tener una ruta de investigación, sino una prevención, una garantía de derechos y entender que los homicidios de los líderes y defensores son la punta más atroz de un fenómeno agresivo", dijo durante la presentación del informe el director de Indepaz, Camilo Gonzalez.
Los crímenes cometidos en este periodo se concentraron año tras año principalmente en los departamentos del Cauca, Antioquia, Córdoba, Nariño, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Caquetá y Caquetá.
En estos territorios confluyen varios factores que agravan las condiciones de las organizaciones sociales, como las disputas estructurales por tierra, recursos naturales, cultivos ilícitos, narcotráfico y actividades minero-energéticas.
Además, estas son zonas en las que las FARC tenían gran presencia, por lo que tras su desmovilización se han agudizado los conflictos entre narcoparamilitares y paramilitares que se disputan el control territorial.
Grupos armados
El informe también resalta que en estas regiones, muchas de ellas zonas de frontera y con visibles ejercicios de resistencia, "ha habido una presencia prolongada del Estado en acciones de guerra y lucha contra las drogas con una débil institucionalidad civil".
Otra situación que convierte esos lugares en blancos de los grupos armados ilegales es que gran parte de ellos son territorios étnicos históricamente abandonados por el Estado en los que hay zonas de Reserva Forestal y baldíos en disputa para megaproyectos minero-energéticos y agroindustriales.
"Se ataca a las comunidades por la defensa que ellas hacen del territorio. El empoderamiento social es lo que choca con los intereses de apropiación tradicional y violenta", explicó Gonzalez al referirse al hostigamiento del que son víctimas los líderes.
Más del 60 % de estos crímenes fueron atribuidos a actores no identificados y el resto a grupos narcoparamilitares, disidencias de las FARC, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la fuerza pública.
Peligro latente
Los liderazgos más amenazados, subraya el documento, son los de las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales, que registraron en el periodo evaluado 681 del total de los asesinatos.
Los "conflictos agrarios por tierra, territorio y recursos naturales representan el 70.13 % de los homicidios", mientras que del liderazgo relacionado con la erradicación o sustitución de cultivos de coca se registraron 97 casos, el 10 %.
Según la investigación, a pesar de las denuncias de las comunidades y las alertas emitidas por organismos internacionales y nacionales, como la Defensoría del Pueblo, el riesgo y la amenaza para los líderes colombianos no se detiene.
Desde el primero de enero de este año hasta la fecha, las organizaciones han contabilizado 171 asesinatos, cifra que contrasta con el informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos que informó el 9 de julio que en 2020 el Gobierno solo ha registrado 37 homicidios contra líderes sociales, mientras que otros 49 estaban en proceso de verificación.
Las organizaciones explicaron que para la elaboración del informe se basaron en noticias, comunicados o denuncias públicas de asesinato de personas calificadas como líderes cometidos según las fuentes por su condición de defensoras de los derechos de las comunidades.
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