La pena de muerte entra en campaña en EEUU con la primera ejecución federal desde el 2003

Siete minutos después de las ocho de la mañana de este martes, en una prisión de Terre Haute (Indiana), un forense certificó la muerte de Daniel Lewis Lee. Una inyección letal de pentobarbital sódico acababa de terminar con la vida de un hombre de 47 años condenado a muerte en 1999 en un caso federal por un triple asesinato cometido tres años antes. Con su ejecución, fruto de una intensa batalla legal habitual en los casos de pena capital y avalada solo unas horas antes de madrugada por la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, el Gobierno de Donald Trump culminaba la reactivación de las ejecuciones federales que anunció hace un año. Ponía fin a una moratoria informal que las había dejado en suspenso los últimos 17 años. Y con esa ejecución, otras dos previstas para esta semana y otra en agosto, Trump coloca la pena capital entre los asuntos de debate de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

A la hora de escribir este artículo el presidente mantenía silencio sobre la ejecución y quedaba en manos de su titular de Justicia, William Barr, defender que “se ha hecho justicia” con la aplicación de la pena de muerte en el caso de Lee. Uno de los tuits de Trump del lunes, no obstante, permite enmarcar la posición del mandatario. En la red social, como ha hecho a menudo desde que a finales de mayo empezaron las protestas en todo el país por la justicia racial tras la muerte a manos de la policía de George Floyd, Trump escribía en mayúsculas “¡ley y orden!”, uno de los mantras esenciales de su campaña para la reelección.

El candidato demócrata Joe Biden tampoco había hecho al cierre de este artículo ninguna declaración y su campaña no había contestado a una petición de reacción, pero en el pasado el exvicepresidente de Barack Obama, que mantuvo la moratoria informal a las ejecuciones federales que según la base de datos del Death Penalty Information Center esperan 61 presos, se ha mostrado favorable a abolir la pena capital en esos casos. Biden ha animado también a los 25 estados que aún mantienen el castigo en su sistema de justicia (y los tres que lo tienen paralizado por moratorias de sus gobernadores) a acabar con la pena de muerte, que el 1 de enero del 2020 esperaban en corredores de la muerte 2.620 reos.

Declive del apoyo en EEUU

Aunque en su comunicado del martes el fiscal general defendía que “el pueblo americano ha tomado la sopesada elección de permitir el castigo capital para los más atroces crímenes federales”, sus palabras obvian el declive que en los últimos años ha habido en el respaldo a la pena de muerte en EEUU, el único país occidental en la lista de 53 países del mundo que la siguen aplicando.

Según la última encuesta de Gallup, publicada en junio, todavía más de la mitad de los estadounidenses, concretamente un 54%, consideran que la pena de muerte es “moralmente aceptable” en casos de asesinato, pero ese porcentaje representa una caída del 6% en un año, es el más bajo que se registra en los 20 años de historia del sondeo y queda lejos, por ejemplo, del 71% de apoyo al castigo definitivo que había en el 2006. Otro sondeo distinto de Gallup, en noviembre, mostraba que la mayoría de ciudadanos de EEUU (60%) consideran la imposición de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional una pena más apropiada que la ejecución.

Disparidades raciales y geográficas

A la hora de rediseñar la agenda para reactivar las ejecuciones federales, que se suspendieron en 1972 y se reinstauraron en 1988, con solo tres llevadas a cabo entre entonces y el 2003, la Administración Trump ha escogido a cuatro reos blancos, en todos los casos condenados por crímenes que incluían asesinatos de niños a adolescentes, pero diversos estudios apuntan a las serias disparidades raciales (y geográficas) que marcan las condenas a muerte en casos federales. Aunque la población negra de EEUU es el 13,4% del total y la blanca más del 60%, en los corredores de la muerte federales hay tantos presos blancos como negros (26). En el 72% de los casos planteados entre 1995 y el 2000 donde Justicia buscó la pena capital, los acusados eran personas de color.