Michel mantiene el fondo de recuperación de 750.000 millones pero endurece las condiciones

La propuesta de compromiso del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sobre el fondo de recuperación mantiene intacto el volumen de 750.000 millones de euros propuesto por la Comisión Europea y preserva el equilibrio entre ayudas a fondo perdido (500.000 millones) y préstamos (250.000 millones), tal y como reclaman los países del sur, pero incluye condiciones de acceso mucho más estrictas que las planteadas inicialmente por la Comisión Europea con el objetivo de sortear el veto de los países ‘frugales’ –Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria- y allanar el camino a un acuerdo y romper el bloqueo en la cumbre extraordinaria del 17 y 18 de julio en Bruselas, la primera reunión física desde la irrupción del covid19.

Una cita que se presenta, como todas las negociaciones presupuestarias, muy complicada debido a los intereses cruzados de los Veintisiete que Michel trata de minimizar con una propuesta –negobox en el argot comunitario- que recorta el volumen global del presupuesto de la UE para el período 2021-2027 en algo más de un 2%, hasta situarlo en 1,074 billones de euros frente al 1,1 propuesto por Bruselas. “No subestimo las dificultades” pero “vamos a necesitar valentía política”, ha insistido este viernes sobre una negociación que ya derrapó a finales de febrero. Con este tijeretazo y el mantenimiento de los cheques destinados a Alemania, Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca, para compensar su elevada aportación a las arcas comunitarias, el belga espera atraer a los ‘cuatro frugales’ a quienes ofrece otras concesiones importantes.

Para empezar, los países que quieran acceder al fondo de recuperación tendrán que presentar planes nacionales de reformas e inversión para el período 2021-2023, de acuerdo con las recomendaciones de política económica que presenta cada año la Comisión Europea. Pero estos planes no solo deberán recibir el aval de Bruselas, como figura en la propuesta inicial, también tendrán que ser examinados y aprobados por mayoría cualificada por los gobiernos de la UE en el Consejo. Además, tal y como han exigido los países del norte para reforzar el control sobre el dinero que se gasta, las ayudas estarán condicionadas al cumplimiento de las reformas y los objetivos. 

Criterios de distribución retocados

“Se que es una cuestión difícil y sensible. Hay diferentes opiniones entorno a la mesa. Algunos Estados miembros consideran que es mejor que el Consejo no esté implicado. Para otros es importante que el Consejo lo decida todo. Es una caricatura pero hay opiniones totalmente diferentes e intento proponer un puente entre ambas opiniones”, ha justificado Michel que también propone alterar parcialmente los criterios para distribuir el dinero que la Comisión proponía en función de la población, la renta y el paro entre 2015 y 2017. Según estos criterios a España corresponderían 140.446 millones de euros, el segundo país más beneficiado por detrás de Italia.

Ahora Michel, propone mantener estos elementos para distribuir el 70% de las ayudas entre 2021 y 2022. En cambio, el restante 30% a partir de 2023, se distribuiría en función de la población, el PIB y la caída del PIB en el período 2020-2022, como pedían los nórdicos, para garantizar que haya un “vínculo real entre la crisis y el plan de recuperación y que el dinero vaya a las regiones y sectores más afectados”, ha dicho admitiendo las diferentes sensibilidades que genera la propuesta, incluida la distribución entre transferencias a fondo perdido y préstamos, que ha optado por seguir el camino marcado por Bruselas. “A nadie en Europa le interesa que haya más disparidades en el mercado interior que es uno de nuestros activos más fuertes en la UE”, ha avisado sin mencionar explícitamente a los ‘frugales’

Impuestos y estado de derechos

Todo el dinero del nuevo fondo, en todo caso, deberá desembolsarse para 2026 a más tardar, según fuentes europeas. Ese año, dos años antes de lo propuesto por la Comisión, los gobiernos europeos también deberán empezar a devolver el principal y los intereses de la deuda emitida para financiar el fondo de recuperación. Una situación que obliga a acelerar, según Michel, el debate sobre nuevos recursos propios para alimentar el presupuesto de la UE, una exigencia imperiosa para el Parlamento Europeo. En este terreno, propone un gravamen al plástico no reciclados a partir de 2021, un mecanismo de ajuste del carbono en frontera para 2023 así como una tasa digital.

Para disgusto de los países de Visegrado -Hungría, Eslovaquia, República checa y Polonia- la propuesta también contempla vincular el desembolso de los fondos al cumplimiento de las reglas del Estado de derecho y los valores europeos, aunque el mecanismo de decisión será por mayoría cualificada y no mayoría cualificada inversa, como proponía Bruselas para evitar que los países infractores evitaran la suspensión de fondos. “No tenemos intención de bajar la cabeza o cerrar los ojos. El estado de derecho es clave para el futuro del proyecto europeo”, ha avisado.

Por último, el plan que servirá de base para la negociación final la próxima semana contempla un fondo de reserva para el brexit, un colchón de 5.000 millones de euros, destinado a los países y sectores que puedan verse más afectados en caso de que las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea terminen en fracaso tras el período de transición actual. En función de la evolución de las negociaciones, la Comisión Europea deberá presentar una propuesta en noviembre de este año.