China aprueba la controvertida ley de seguridad para Hong Kong para controlar las protestas

Hong Kong entró esta medianoche en una nueva era. La ley de seguridad nacional cocinada en Pekín que persigue la subversión, la secesión, el terrorismo y las injerencias extranjeras es vista en la excolonia como una amenaza a su oasis de libertades pactado en su devolución a China. Es una ley especial para un contexto especial, tras las violentas protestas que el pasado año sumieron a la capital financiera en el caos, fracturaron su sociedad y hundieron su economía. Preservará la estabilidad, devolverá la paz y castigará solo a la minoría vandálica, repite Pekín; finiquitará aquel traje de "un país, dos sistemas" que tejiera el arquitecto de las reformas, Deng Xiaoping, para integrar la excepción hongkonesa en el magma chino, pronostica el resto.

Han bastado 15 minutos para que los 162 diputados del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, el legislativo chino, la aprobaran a la hora del desayuno por unanimidad, tras una tramitación exprés de 40 días. Ahí acabaron las prisas.  Habían cenado ya los hongkoneses y seguían sin saber en qué consistía la ley que regiría sus vida al alba. Su articulado fue revelado minutos antes de la medianoche tras la preceptiva rúbrica del presidente, Xi Jinping.

La ley otorga la jurisdicción a la nueva agencia sobre su homóloga local en tres supuestos definidos como "complicados": interferencia de fuerzas externas, imposibilidad de las instituciones isleñas de cumplir la legislación y amenazas serias a la seguridad nacional. Las investigaciones estarán dirigidas por la fiscalía del Tribunal Supremo de China y las penas oscilan entre los tres años y la cadena perpetua. La ley elimina el cortafuegos que había blindado Hong Kong de la justicia del interior y sus efectos dependerán menos de la letra que de la interpretación y la ejecución. El tiempo dirá si se limita a atajar el vandalismo y las injerencias extranjeras o si persigue a la disidencia y cualquier elemento hostil.

La inminente entrada en vigor, coincidiendo con el aniversario de la devolución a China, había aconsejado las deserciones. Joshua Wong, el más conspicuo y mediático activista, anunciaba esta mañana que dejaba la secretaría general del partido Demosisto, pertinaz ariete contra Pekín, y continuará su campaña de forma individual. Le seguían sus compañeros Nathan Law y Agnes Chow y la formación certificaba poco después su disolución desde Facebook.

Eco de la revuelta de los paraguas

Demosisto, surgido en la revuelta de los paraguas, es el objetivo más probable de la ley por su tozuda internacionalización del conflicto. Wong ha frecuentado las reuniones con políticos estadounidenses como Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y presionado para la aprobación del acta que permitirá a Washington retirarle el estatus económico especial a la excolonia.

El desfile de la derecha estadounidense más radical por Hong Kong para animar las protestas y otras injerencias externas descomponen sin remedio a Pekín, muy celoso de su soberanía y más si afectan a un territorio que epitomiza aquella dolorosa época colonial en la que las potencias occidentales cuartearon y desvalijaron el país. "Un grupo de hongkoneses han suplicado siempre a gobiernos extranjeros, especialmente al estadounidense, que intervenga en los asuntos internos y castigara con sanciones a Hong Kong. Estamos preparados si el Gobierno central decide tomar represalias y colaboraremos en las medidas adoptadas", ha explicado la jefa ejecutiva, Carrie Lam.

También ha bajado las persianas la oficina del grupo independentista Hong Kong National Front. La lucha, ha anunciado, seguirá desde Taiwán y Reino Unido. "Hoy no es el final del partido, sólo el final de la primera parte. Nos preguntamos cuánta capacidad de combate dispone China cuando la batalla no discurra en su territorio", ha anunciado la formación en Facebook. El National Front nació cuatro años atrás y ha aumentado su base en el último entre la juventud más inflamada. Las consignas independentistas, cada vez más frecuentes y desacomplejadas en las protestas, son un anatema para Pekín.

La ley era un viejo anhelo chino. Está contemplada en el artículo 23 de la Ley Básica o Constitución de Hong Kong y debía de ser aprobada por el Parlamento insular pero la oposición popular lo impidió durante más de dos décadas. La ruptura del compromiso fue digerible para Pekín en los años plácidos e inaceptable con el territorio en llamas y las cotidianas injerencias estadounidenses. Apremiado por  las elecciones de septiembre y una segunda ola de protestas, tomó un atajo. Su inclusión en el Anexo III impone su vigencia tras regatear el trámite del Parlamento insular.

Para unos acabará con los episodios de anarquía, garantizará la estabilidad social, permitirá que la economía resucite y protegerá el sistema de "un país, dos sistemas"; para otros, acabará con las libertades que singularizan a Hong Kong en el magma chino. Sus efectos dependerán menos de la letra que de su interpretación e implementación pero es seguro ya que ensanchará las distancias en una sociedad fracturada sin remedio. Los lamentos de un bando se solapaban hoy con las manifestaciones de apoyo de los hastiados por meses de caos.

La ley medirá la robustez del movimiento antigubernamental al que una reciente encuesta de Reuters mostraba ya que había retrocedido en apoyo social durante los últimos meses. "La ley no es ninguna sorpresa, la habíamos asumido desde que se anunció en mayo", asegura por teléfono Lucy, una joven hongkonesa. "Es inútil pensar en las cosas de la vida que no se pueden cambiar. Ahora hay que elegir entre quedarse o marcharse y muy pocos tenemos los medios para lo segundo", añade. El primer test llegará en las manifestaciones convocadas mañana y que el Gobierno ha prohibido por la amenaza del coronavirus.

Condena global

Las condenas globales se amontonaron durante toda la jornada. La UE "deploró" la ley porque amenaza  "el alto grado de autonomía de Hong Kong, la independencia de la judicatura y el Estado de derecho", señaló Charles Michael, presidente del Consejo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, preguntada por posibles sanciones, insistió en que "China se arriesgaba a consecuencias muy negativas si seguía adelante con esta crisis, incluyendo para la confianza de los negocios, la reputación de China, su percepción pública en Hong Kong y a nivel internacional". Tokio tildó la normativa de "condenable" y Taiwán señaló que el caso hongonés certificaba el fracaso de esa fórmula de "un país, dos sistemas" que Pekín le propone. La presidenta, Tsai Ing-wen, anunció la apertura de una oficina para prestar "ayuda humanitaria" a los hongkoneses que busquen refugio.

Washington aderezó las críticas con la prohibición de exportar "tecnología sensible" a Hong Kong por el presunto riesgo de que acabe en manos del Ejército chino. El plan expulsa a la isla del grupo de socios que Estados Unidos considera fiables como Australia, Taiwán o el Reino Unido y la empuja junto a sospechosos habituales como Rusia, Venezuela o Siria. Los efectos serán imperceptibles pero la prohibición anticipa la batería de castigos por lo que Washington entiende como la pérdida de la autonomía hongkonesa.