Comienza el juicio por la matanza de jesuitas españoles en El Salvador en 1989

El excoronel y exviceministro de Defensa de El Salvador Inocente Montano es finalmente el único acusado en el juicio que arrancó este lunes en la Audiencia Nacional por el asesinato de cinco jesuitas españoles en el país sudamericano el 16 de noviembre de 1989.

En la primera sesión de la vista oral, dedicada a las cuestiones previas, el tribunal declaró prescritos los hechos para René Yusshy Mendoza, quien fuera teniente del ejército salvadoreño y miembro del batallón Atlácatl, ejecutor de la matanza. Ahora Yusshy Mendoza pasa a ser testigo y declarará el próximo 7 de julio.

Montano se enfrenta en este proceso a 150 años de prisión por el asesinato de los cinco religiosos, entre los que estaba Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación. El ya septuagenario Montano está en la cárcel desde el 2017 y su prisión provisional ha sido prorrogada hace unos meses, por lo que urgía sentarle en el banquillo.

Confesión de Yusshy Mendoza

La petición fiscal para Montano contrastaba con la de Yusshy Mendoza, pues la Fiscalía solo reclamaba una pena de un año por cada uno de los cinco asesinatos, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño, en correspondencia a su "muy" activa colaboración con la justicia.

La defensa de Yusshy recordó que su cliente ya fue encarcelado en el país centroamericano hasta 1993 cuando la ley de amnistía le puso en libertad. Además, explicó que "el plazo de prescripción vence a los 20 años" y que contra Yusshy "no se dirigió el procesamiento hasta el 2011" sin que previamente existiera querella, denuncia o escrito de parte contra él, además de mencionar que los jesuitas salvadoreños y el actual rector de la UCA destacan su colaboración estos años.

La Fiscalía reconoció que "ya han pasado sobradamente esos 20 años" y que, por tanto, "procede declarar prescritos los delitos" mientras que las acusaciones se adhirieron a ella no sin antes subrayar que Yusshy "está reinsertado, tiene trabajo, no ha vuelto a delinquir, desde el 2012 mostró su arrepentimiento y gracias a su colaboración se tienen elementos probatorios". Y además, precisaron, "pidió y recibió perdón".

Nuevo panorama

Montano, que portaba como todos los participantes en la vista una mascarilla, siguió esta primera jornada casi sin pestañear desde el banquillo de los acusados. El juicio se reanudará el próximo miércoles con la declaración del excoronel.

La nueva condición de testigo de Yusshy dibuja un nuevo panorama en el devenir del juicio toda vez que su interrogatorio, ahora obligado a decir la verdad, se antoja clave contra Montano.

El excoronel es el único procesado puesto a disposición de la justicia española -fue entregado por EEUU el 29 de noviembre del 2017-, después de que las autoridades salvadoreñas denegaran las órdenes de extradición contra una veintena de exmilitares acusados de participar en el diseño y ejecución de los asesinatos.

Según la fiscalía, Montano y Yusshy Mendoza "participaron en la decisión, el diseño o la ejecución" del asesinato de Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo en el campus de la UCA, en medio de la mayor ofensiva registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992). También asesinaron junto a ellos a los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.

Terceras personas

"Los procesados, junto con terceras personas no investigadas en el presente procedimiento, constituyeron dentro del Estado de El Salvador, una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población a través de ejecuciones de civiles, desapariciones forzadas...", destaca la fiscalía.

Según su relato, el año 1989, cuando se produjo el crimen, "fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador" al alterar los resultados de las elecciones "de forma irrevocable el panorama político del país". En esta situación, "los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo" para negociar una salida dialogada al conflicto armado.

Según la fiscalía, "era el único intermediario que hablaba con todas las partes y actuaba de puente entre el presidente (Alfredo) Cristiani y los rebeldes", lo que lo convirtió en "objetivo de los militantes de la extrema derecha", que culpaban a la Iglesia de formar parte "de una conspiración comunista internacional".

En este contexto, el 15 de noviembre, "el alto mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona (una asociación de 20 oficiales que ocupaban las posiciones claves del Ejército y del Gobierno), decidieron proceder con las ejecuciones de los jesuitas".