21 sep 2020

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CRISIS EN ASIA

La ley de seguridad aprobada por Pekín abre una etapa de incertidumbre en Hong Kong

La normativa entrará en verano y pretende acabar con las protestas en la excolonia

El bando antigubernamental teme que acabe con los derechos y libertades de la región autónoma

Adrián Foncillas

Sesión de aprobación de la ley de seguridad en Asamblea Nacional Popular de China, en Pekín.

Sesión de aprobación de la ley de seguridad en Asamblea Nacional Popular de China, en Pekín. / CARLOS GARCÍA RAWLINS (REUTERS)

China ha dado otro paso para aplicar en Hong Kong una ley de seguridad nacional con efectos imprevisibles. Es una medida excepcional para unos tiempos excepcionales, después de meses de protestas violentas que empujaron a la excolonia al caos y arruinaron su economía. Minimizada la presencia del coronavirus y el miedo al contagio, Pekín ha dispuesto de un cortafuegos antes de que los incendios regresen a las calles.

La Asamblea Nacional Popular, el Parlamento chino, ha aprobado este jueves la resolución "para establecer y mejorar el sistema legal y los mecanismos de aplicación de la seguridad nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong". El protocolario aplauso de los delegados en el Gran Palacio del Pueblo saludó la ley tras una votación que en China no trasciende el trámite: 2.878 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. El borrador será enviado al Consejo de Estado para que concrete el articulado y, probablemente en su reunión de junio, expida la nueva ley.

La ley es interpretada de formas opuestas. Para unos acabará con los episodios de anarquía, garantizará la estabilidad social, permitirá que la economía resucite y protegerá el sistema de "un país, dos sistemas"; para otros, acabará con las libertades que singularizan a Hong Kong en el magma chino. El borrador contempla delitos como la subversión, el separatismo, el terrorismo o la injerencia extranjera y abre la puerta a los órganos de seguridad del interior en la excolonia.

Oposición popular

La normativa, contemplada en el artículo 23 de la Ley Básica o Constitución de Hong Kong, debía de ser aprobada por el Parlamento insular. Lo ha impedido durante dos décadas la oposición popular, materializada en el medio millón de personas que tomaron las calles en el 2003. Carrie Lam, la jefa ejecutiva de Hong Kong, ha repetido que no puede abordar un asunto tan controvertido sin un "ambiente favorable" y son comprensibles sus reparos tras la tormenta que desencadenaron los trámites de la ley de extradición.

La ruptura del compromiso era digerible para Pekín en los años plácidos pero es inaceptable con el territorio en llamas. Apremiado por  las crecientes injerencias de Estados Unidos en la excolonia y las elecciones de septiembre, ha tomado un atajo. Su inclusión en el Anexo III impone su vigencia tras regatear el trámite del Parlamento insular. El Colegio de Abogados de Hong Kong ha señalado que ese mecanismo desborda el marco de "un país, dos sistemas".

Verano caliente

Es improbable que la ley apacigüe los ánimos de una sociedad fracturada sin remedio. Desde el bando antigubernamental aventuran la muerte de Hong Kong y preparan otro verano caliente. "Estábamos mentalizados para que esto pasara en el 2047", dice por teléfono el activista Chris, en referencia a la fecha de caducidad del acuerdo que preserva los derechos y libertades en la excolonia. "Se veía venir desde el año pasado, ahora sólo pienso en emigrar", anuncia. Desde el bando contrario ven en la ley la última esperanza de que acaben los desmanes cotidianos de los radicales y regrese el turismo. El sector financiero, incómodo antes con la medida, la juzga hoy como un mal menor e imprescindible para recuperar la confianza en la que fue la capital más fiable de Asia.

Será necesario esperar al articulado que redacte el Consejo de Estado y su posterior aplicación para comprobar si se limita a atajar el vandalismo y las injerencias extranjeras o si se cumplen los pronósticos catastrofistas.

Xulio Ríos, director del Observatorio de Política China, recomienda calma. "Creo que no estará tan dirigida a quebrar la autonomía de la región, lo que supondría un coste importante a la reputación global de China, sino a limitar la influencia extranjera. Ahí sí que va a dar un golpe en la mesa. La primera consecuencia será la restricción o prohibición de las actividades de organizaciones del Reino Unido y Estados Unidos, algunas vinculadas a la CIA, que hasta ahora campaban a sus anchas en Hong Kong", añade.